La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó pagar más de $3 mil millones en indemnizaciones a más de 250 ex presos políticos del gobierno militar.

El tribunal revocó la sentencia del Vigésimo Séptimo Juzgado Civil que Santiago que había ordenado al Fisco pagar indemnizaciones a más de doscientas personas que estuvieron detenidas, privadas de libertad o sufrieron apremios ilegítimos entre los años 1973 y 1990.

En fallo unánime, el tribunal de alzada capitalino integrado por las ministras Gloria Ana Chevesich, Elsa Barrientos (suplente) y el abogado integrante Eugenio Benítez acogieron la presentación del Consejo de Defensa del Estado y aplicaron la prescripción de la acción civil atendido un plazo superior de 4 años para presentar este tipo de acciones judiciales.

Los jueces apuntan que “como quiera que se compute, es notorio y manifiesto que entre la fecha de ocurrencia de las circunstancias fácticas que originan este juicio y la fecha en que la resolución recaída en el acto promotor de este proceso declarativo civil se llevó a conocimiento del sujeto pasivo, esto es, del Estado de Chile, el día 20 del mes de julio de 2007, el plazo de prescripción extintiva de las respectivas acciones judiciales, que establece el artículo 2332 del Código Civil, había transcurrido en exceso, como es evidente”, dice el fallo.

Los ministros agregan que “si bien pueden darse por establecidos y probados los hechos ilícitos que se reprochan, no resulta acreditado, en modo alguno, en el proceso, la existencia del daño moral que como consecuencia de esa circunstancia habrían sufrido los actores, al margen de no haberse aportado antecedentes, de ninguna clase, que hagan posible cuantificar el supuesto daño y regular sobre bases ciertas el monto de la indemnización que, con ese fundamento se reclama” advierte la sentencia.

El 3 de agosto de 2010 el titular del 27° Juzgado Civil de Santiago, Javier Torres Vera, había acogido la demanda y ordenado pagar al Fisco indemnizaciones desde $ 5.000.000 y hasta $ 30.000.000 a más de 250 personas, según el tiempo de detención, privación de libertad o si fueron víctimas de apremios ilegítimos, entre tras circunstancias.