La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes garantizar la autonomía financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero en una concesión a los países del ALBA dejó abierta la posibilidad de que siga el debate sobre su funcionamiento.

Los debates enfrentaron a un grupo mayoritario de países, que deseaban cerrar el proceso de reformas de la CIDH que se ha prolongado por casi dos años, a la persistente negativa de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua de permitirlo, ya que afirmaban que aún quedaban “distorsiones” en la Comisión.

Numerosas organizaciones no gubernamentales y la propia CIDH habían pedido la clausura del proceso para que la Comisión pueda abordar totalmente sus laboras habituales.

En última instancia, Argentina propuso una modificación a uno de los párrafos de la resolución, que abre la posibilidad de que se siga el monitoreo sobre la CIDH de manera indefinida, que sumó a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) al consenso.

La resolución compromete a la OEA al “pleno financiamiento” de su sistema de derechos humanos, pero hasta que eso suceda permite fondos externos, que brindan gran parte de su presupuesto, y supedita el fortalecimiento de sus relatorías a “un financiamiento adecuado”, una victoria de un grupo de países liderados por Estados Unidos, Canadá y México.

Este ha sido “un extraordinario resultado de todo el proceso de discusión”, se congratuló el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al hablar a periodistas tras la clausura del encuentro, al aseverar que casi todas las peticiones de los países del ALBA fueron tomadas en cuenta.

Ecuador llegó a amenazar con denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos, al igual que ya lo hizo Venezuela, si la OEA cerraba el proceso de reformas.

Esa medida significaría su retiro de la Corte Interamericana, el otro ente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

Quito y sus aliados insisten en reivindicar las propuestas emanadas de una conferencia organizada en Ecuador hace dos semanas, y que entre otras cosas pedían sacar la sede de la CIDH de Washington, prohibir su financiación fuera de la región y dar las mismas capacidades a todas las relatorías del ente, lo que equivaldría a debilitar la Relatoría sobre Libertad de Expresión.