El Ministerio Público en Osorno continúa desarrollando diligencias investigativas tendientes a esclarecer la muerte de Pablo Andrés Vargas Vera, de 27 años, quien fue encontrado sin vida al interior de uno de los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de esa ciudad.

El hecho se remonta al viernes 24 de agosto del pasado 2012, cuando Vargas fue detenido por oficiales de la policía civil, a raíz de una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia intrafamiliar. Su detención se registró cerca de las 15:00 horas, para ser presentado a la justicia a primera hora del sábado 25.

No obstante, pasadas las 18:30 horas del mismo viernes, uno de los guardias de turno del recinto se percató que el hombre ató el borde de tela de una frazada a la reja de la ventana del calabozo, quitándose la vida.

Frente al proceso se refirió la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, quien manifestó que tanto el organismo persecutor como la parte querellante mantienen procesos pendientes.

Consultada respecto a una eventual fecha de término del proceso judicial De Miguel explicó que, al no existir individualizados, la causa dura mientras existan procesos investigativos pendientes.

La familia del joven denuncia una serie de irregularidades cometidas presuntamente por los oficiales civiles, como no haber prestado primeros auxilios apenas se percataron del hecho y dejar al hombre en el calabozo hasta la llegada de funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Puerto Montt. Éstos, por orden de la fiscal Leyla Chahín, debían iniciar el peritaje que se concretó pasada la medianoche.

Otra de las irregularidades que denuncian es la falta de un médico legista a la hora del hallazgo, quien debía confirmar si el joven efectivamente se encontraba sin vida o con signos vitales débiles. Esto, debido a que no transcurrió más de 30 minutos entre la hora en que fue encontrado y el momento en que el guardia efectuó la ronda por los calabozos.

Por lo anterior es que la familia, junto a un abogado particular, interpuso ante el Juzgado de Garantía de Osorno en octubre pasado una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por homicidio por omisión. La madre de Pablo Vargas calmó por justicia en aquella oportunidad, añadiendo que se ocultó información.

Casi siete meses han transcurrido desde el hecho ocurrido en los calabozos del cuartel de la PDI. Desde la institución se informó que, junto con la investigación que iniciaba el Ministerio Público, ellos por su parte efectuarían la investigación interna correspondiente, cuyos datos serían entregados a la Fiscalía.