El Primer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió ampliar el plazo de la investigación seguida por la Fiscalía Metropolitana Occidente contra diez funcionarios de la PDI formalizados en octubre pasado por los delitos de omisión de denuncia, allanamiento ilegal, detención ilegal, apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación y otros ilícitos contemplados en la Ley de Drogas.

Los policías de la Bicrim Pudahuel y Brigada Móvil fueron detenidos tras una investigación de siete meses que se originó con posterioridad al allanamiento ilegal de un domicilio en la comuna de Pudahuel el 21 de marzo de 2012, procedimiento supuestamente originado por una denuncia anónima que resultó ser falsa.

Entre las diligencias pendientes se encuentra el informe de reconstitución del sitio del suceso, el registro del libro de guardia de la unidad policial, declaraciones de testigos y otras eventuales víctimas, junto con pericias encargadas al SML, las cuales han sido requeridas tanto por la parte querellante -representada por el Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado-, como por los defensores.

El fiscal del caso, Emiliano Arias, sostuvo en la audiencia que se han practicado diligencias para ubicar a personas que fueron detenidas ilegalmente por estos funcionarios, entre los cuales se cuenta el caso de un gásfiter que resultó condenado a una pena de tres años y un día sobre la base de antecedentes policiales falsos. Respecto a este caso en particular, afirmó que una vez concluido el juicio oral se podrá presentar un recurso de revisión ante la Corte Suprema.

En la audiencia se revisó la solicitud de sobreseimiento del imputado Bruno Medina por el delito de apremios ilegítimos, la que fue rechazada por el tribunal al establecer que el hecho descrito por su defensor –eventuales agresiones de carácter sexual al interior de la unidad policial- no figuraba entre los cargos que fueron formalizados por el Ministerio Público en octubre pasado.

Para establecer este punto, el magistrado Fernando Guzmán ordenó reproducir el audio de la audiencia de formalización, en donde consta que el funcionario fue formalizado por apremios ilegítimos ocurridos en la vía pública.

El aumento de plazo concedido por el tribunal también se aplica para la indagación contra cuatro ex carabineros de la 30º Comisaría de Radiopatrullas que a fines de octubre fueron formalizados por robo con intimidación en el mismo domicilio de la comuna Pudahuel, puesto que ambas investigaciones fueron agrupadas por el Ministerio Público.