El 2 de octubre pasado el gobierno envió al Congreso Un proyecto de ley que “Modifica y extiende el DL701 sobre Fomento Forestal”, nada más ni nada menos que por un periodo de 20 años. El proyecto de ley ingresó con suma urgencia con el argumento que el 31 de diciembre próximo expira esta ley, que ha subsidiado la forestación en Chile desde 1974. El Gobierno, en una maniobra desesperada, presiona a nuestros parlamentarios para que aprueben esta ley, sin evaluar los efectos económicos, sociales y ambientales que el DL701 ha tenido durante estos casi 40 años.

Ya no es extraño observar que los principales promotores de esta iniciativa sean, al mismo tiempo, ex funcionarios o funcionarios de las principales empresas forestales del país: Arauco, CMPC y Masisa.

El conflicto de interés se ha vuelto pan de cada día en Chile, y a nadie se le cae la cara de vergüenza. Varios artículos de opinión han sido escritos durante las últimas semanas, apoyando la promulgación de este proyecto de ley. Por esta razón, hemos considerado oportuno involucrarnos en la discusión, poniendo sobre la mesa aspectos que no han sido mencionados.

Desde un punto de vista económico, los promotores de la iniciativa destacan los miles de millones de dólares que el sector exporta cada año, pero no se menciona que la alta concentración económica ha llevado a la quiebra a decenas de pequeñas y medianas empresas. El monopolio que se ha creado en el sector forestal es similar al monopolio de las farmacias, la pesca o los supermercados. Arauco, CMPC y MASISA controlan el sector, definiendo los precios de la tierra, de las materias primas, de la contratación de mano de obra, etc., lo cual está teniendo un efecto económico nefasto en el resto de los actores.

Además, los subsidios al sector forestal están distorsionando la configuración productiva de las regiones del centro-sur del país, debido a que tierras que hasta hace poco se utilizaban para criar animales o producir alimentos, hoy están plantadas con eucaliptus. Esto no debería ocurrir pues supuestamente los subsidios están orientados a la protección de “suelos frágiles o en proceso de erosión”. Sin embargo, la ambigüedad de los conceptos permite que esta situación ocurra con bastante frecuencia, convirtiéndose en una amenaza para nuestra soberanía alimentaria, que podría tener un efecto de mediano y largo plazo en el precio de los alimentos.

Desde un punto de vista social, es contradictorio que las comunas que tienen una mayor superficie de plantaciones forestales estén al mismo tiempo entre las más pobres del país, con bajos índices de desarrollo humano. Si el sector produce tanta riqueza, ¿por qué tanta pobreza? Este es un hecho que ni el gobierno ni las empresas han sido capaces de explicar. El sector forestal chileno, basado en monocultivos de rápido crecimiento, ha sido incapaz de traspasar los beneficios del crecimiento a la gente que vive y trabaja en los territorios. ¿Para qué seguir subsidiando entonces una actividad que no mejora el nivel de vida de los chilenos?

Otro argumento comúnmente esgrimido, ha sido que esta ley va a “beneficiar principalmente a los pequeños propietarios”. Esta falacia ha estado presente en la discusión forestal chilena desde 1974. Siempre se saca a colación a los pequeños propietarios, cuando en realidad son las grandes empresas las que han recibido la mayor parte de los subsidios. La evaluación encargada por el propio gobierno indica que entre el período 1974 – 1998 y 1998 – 2010, las grandes empresas fueron beneficiadas en un 94% y 62%, respectivamente. Por lo demás, entregarle un subsidio a un productor que opera en un mercado altamente monopolizado como este, es al fin y al cabo darle un subsidio indirecto a las empresas que compran la materia prima.

Si el Gobierno quisiera realmente impulsar una política en beneficio de los pequeños y medianos propietarios, habría impedido que la Ley de Bosque Nativo sea actualmente un fracaso, porque esa es la realidad, dicha legislación fracasó en la medida que menos del 7% de los fondos que estaban asignados para actividades de manejo forestal han sido pagados a los productores. La gente en el campo se niega a implementar sus planes de manejo, porque el gobierno fijó subsidios extremadamente escuálidos, que no pagan ni siquiera los costos.

En Chile, las empresas concentran la propiedad de las plantaciones forestales (pinos y eucaliptus), mientras los pequeños y medianos propietarios concentran la propiedad del bosque nativo. Entonces si el Gobierno está tan preocupado de apoyar a los pequeños propietarios, ¿por qué no se concentra mejor en arreglar el desastre que hay con la Ley de Bosque Nativo? El discurso pro-pequeños propietarios no tiene ningún asidero, es simplemente un voladero de luces para ponerle un tinte “social” a una política orientada básicamente a profundizar la concentración económica y la inequidad, permitiendo que los que siempre han ganado sigan haciéndolo a costa del resto de los ciudadanos.

Desde un punto de vista ambiental, la forma en que se establecen, manejan y cosechan las plantaciones está produciendo un impacto enorme en el medio ambiente, y en las comunidades locales. El gobierno se esmera en decir que existen más de 2 millones de hectáreas que podrían ser reforestadas a partir de la mantención de este subsidio, pero no dice que esas hectáreas están justamente en un área crítica en términos de la disponibilidad de agua (regiones del Maule a La Araucanía). Las plantaciones de rápido crecimiento consumen mucha agua, recurso escaso y esencial para la vida, como se ha demostrado científicamente en Chile y en todo el mundo.

Por otra parte, la aplicación de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, altamente tóxicos, han tenido un efecto muy negativo sobre muchas comunidades rurales, debido a la contaminación de sus fuentes de agua y al envenenamiento de sus animales. ¿No están en conocimiento de esto nuestras autoridades y sus equipos técnicos?

Los monocultivos de exóticas y el uso de agroquímicos han tenido efectos desastrosos sobre la fauna (impactos menos evidentes, que recién comienzan a conocerse). Las abejas, fundamentales para la vida de los vegetales, y por lo tanto, de los animales y del ser humano, están desapareciendo, lo que puede corroborar cualquier propietario en Chile. Se están reportando casos de zorros con cáncer en sus patas, derivado de su paso obligado por las plantaciones contaminadas. La desaparición de aves es cada vez más evidente en los campos, hecho gravísimo que recién fue discutido y destacado en el último Congreso de Vida Silvestre realizado en Valdivia.

Cada vez se ven menos insectos; rara vez se ven los antes abundantes coleópteros, y las mariposas están prácticamente desaparecidas. ¿Es que en función de seguir exportando estamos dispuestos a matar todo lo que nos rodea? Ni mencionar la contaminación de ríos, la muerte de los cisnes en Valdivia, y una serie de otros desastres protagonizados por nuestra industria forestal. Las plantaciones tienen también un efecto muy negativo sobre el paisaje, lo que afecta a una de las actividades económicas emergentes más importantes en Chile, el turismo.

Si bien reconocemos que en términos macroeconómicos la política de fomento a la forestación muestra resultados positivos, nos parece un argumento complemente insuficiente para plantear su continuidad por 20 años. El crecimiento económico por sí sólo no sirve. Debe ir acompañado por políticas de distribución. ¿No se supone que este es uno de los aprendizajes más claros que el modelo neoliberal nos dejó en las últimas 3 décadas? En este caso en particular, los beneficios del crecimiento del sector forestal se concentraron en un grupo muy pequeño de inversionistas y empresarios, mientras que los costos han sido pagados por toda la sociedad, especialmente por los campesinos, las comunidades indígenas, los pequeños y medianos empresarios, y nuestra flora y fauna.

El Gobierno llegó tarde. Se demoró demasiado en presentar este proyecto de ley, y ahora, con el pretexto de que el 31 de diciembre expira la ley vigente, quiere forzar a nuestros parlamentarios a una discusión “express”.

El gobierno no ha hecho bien su trabajo en materia forestal. Tras el fracaso de sus proyectos de ley de institucionalidad forestal y biodiversidad, pretende ahora discutir en 5 minutos algo que por sus implicancias sociales, económicas y ambientales, requiere varios meses.

Esperamos que nuestros parlamentarios tengan la sabiduría para esperar. Hay evidencia abundante para demostrar que la industria forestal chilena no requiere más subsidios. Lo que se necesita es innovar y focalizar los esfuerzos públicos en otras áreas, como la restauración ambiental, la conservación y mantención de fuentes de agua, y la producción maderera y no maderera, pero en torno a otros ejes de desarrollo, basados en pequeñas y medianas empresas, y no a lo mismo que se viene haciendo por 40 años.

No entendemos a qué milagro se refiere el ministro Mayol. Para nosotros el milagro es que el modelo forestal vigente no haya destruido más pequeñas y medianas empresas, ríos, bosques, y comunidades rurales. Esperamos que lo que pasó con la Ley de Pesca no se repita en el sector forestal, e invitamos a todas las personas interesadas en este tema a involucrarse activamente en la discusión.

Claudio Donoso, Ingeniero Forestal (M.Sc.), Profesor Emérito, Universidad Austral de Chile.
Rene Reyes, Ingeniero Forestal (M.Sc.), Estudiante de Doctorado, Universidad de British Columbia.
Directores Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN)