Desde el Poder Judicial y el Colegio de Abogados defendieron el aplazamiento del juicio oral en el caso Rivera hasta marzo del próximo año, y que se habría resuelto, extraoficialmente, para no entorpecer los planes de vacaciones de verano de los intervinientes.

La razón oficial de la medida, sin embargo, fue la imposibilidad de algunos testigos para comparecer en enero o febrero, lo que fue atendido por el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción al no oponerse las partes.

Coincidentemente, y en forma casi paralela, la justicia cambió el arresto domiciliario del principal acusado, el ex alcalde Marcelo Rivera, desde su casa en Hualpén, a su campo en Yumbel, y suspendió el inicio del juicio programado en primera instancia para el 23 de diciembre.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que habría existido un acuerdo entre las partes -Fiscalía, abogados querellantes y defensores, incluidos los magistrados- para evitar audiencias en plena temporada de verano, lo que fue oficializado posteriormente a través del escrito ingresado por el abogado Richard Salinas, que señaló que sus testigos no podrían estar presentes en la zona entre enero y febrero.

Para el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Diego Simpértigue, lo determinado por el Tribunal Oral penquista se ajusta a la legalidad.

El Colegio de Abogados en tanto, a través de su presidente Jorge Cáceres, justificó el aplazamiento del juicio al recordar el popular dicho “la justicia tarda pero llega”.

Incluso el dirigente defendió la modificación del lugar de arresto domiciliario para el ex alcalde Rivera, acusado de delitos de corrupción.

Consultado sobre la decisión de los jueces orales de acoger la excusa relativa a los testigos del abogado Salinas, cuando en Santiago respecto de los peritos del SML se dictan órdenes de aprehensión por negarse a comparecer en juicios orales, el ministro Simpértigue dijo que ese tipo de apercibimiento, si bien es permitido por el CPP, deben ser aplicados criteriosamente.

A pesar del apoyo expresado por la Corte de Apelaciones y el Colegio de Abogados, juristas consultados en tribunales señalaron que es una mala señal la que se da al permitir que las partes en un juicio manejen los tiempos en la justicia penal; eso hasta ahora sólo se daba en los juzgados civiles, se subrayó.