El gobierno uruguayo permitirá hasta 40 gramos de marihuana mensuales a consumidores registrados, hasta seis plantas a quienes las cultiven y 90 a clubes de consumidores, según el proyecto de ley para regular la producción y venta de cannabis al que accedió el miércoles la AFP.

A diferencia del texto presentado a principios de agosto por el gobierno, que tenía un solo artículo y no especificaba los mecanismos de regulación, el proyecto finalmente acordado por los diputados del gobernante Frente Amplio para ser sometido a votación tiene 36 artículos.

“El Estado (…) asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de cannabis o sus derivados”, sostiene el texto, que defiende la aplicación de una “política orientada a minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis”.

Los cultivos de cannabis deberán ser autorizados por un nuevo organismo, el Instituto Nacional del Cannabis (INCA), que deberá regular desde la plantación hasta la distribución y expendio de la marihuana, además de fiscalizar el cumplimiento de la norma.

El proyecto permite el cultivo doméstico de cannabis con un límite de hasta seis plantas de efecto psicoactivo y de hasta 480 gramos producto de la recolección.

El INCA también autorizará la creación de clubes de membresía, que podrán tener un máximo de 15 socios, 90 plantas y cosechar un tope de 7.200 gramos anuales.

Actualmente el consumo de marihuana no está penado en Uruguay y queda librado a los jueces cuánto puede tener una persona para consumo propio para no ser castigada penalmente.

Quienes no cumplan con el mecanismo legal de consumo, producción o autocultivo serán pasibles de una multa que irá desde USD 600 hasta USD 60.000.

Quienes ya tienen plantas tendrán 180 días para registrar su cultivo, luego que sea aprobada la ley, que establece que la información sobre la identidad de los autocultivadores “tendrá carácter de dato sensible” y será reservada.

El Poder Ejecutivo deberá por su parte reglamentar mecanismos de acceso a las semillas, estándares de seguridad y las condiciones de uso de las licencias de cultivos, entre otros.

El proyecto acordado por los legisladores oficialistas será ahora estudiado por la Comisión de Adicciones de la cámara de Diputados. La meta del FA es que llegue al plenario antes de fin de año y el año próximo en la Cámara alta.