El gobierno argentino anunció el miércoles que, a partir del 7 de diciembre, licitará licencias de radio y TV de toda empresa que exceda los topes fijados en la cláusula antimonopólica de la nueva ley de medios, incluido el grupo mediático Clarín, el mayor del país, como señalaron portavoces oficiales.

“El proceso de transferencia de oficio y licitación se iniciará el 7 de diciembre, para todos los grupos mediáticos que no hayan presentado su plan de adecuación a la ley para vender licencias, y sólo Clarín es el único que se niega a hacerlo”, dijo el titular de la autoridad reguladora audiovisual, Martín Sabbatella, en rueda de prensa.

Sabbatella dijo que “el 7 de diciembre vence el último plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para adecuarse a la ley (sancionada en 2009) y desprenderse de licencias de radio, televisión abierta, televisión por cable y satelital”.

“No hay estado de derecho donde alguien dice que no va a cumplir la ley, por encima de una ley votada por amplia mayoría, incluso de la oposición, y por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, dijo el funcionario en una antigua sala parlamentaria que data de 1822 y que funciona como museo en Buenos Aires.

El Grupo Clarín, el más poderoso del país, rechaza la cláusula de venta de bienes y licencias audiovisuales por considerar que la ley atenta contra la propiedad privada y la libertad de expresión, por lo cual presentó amparos judiciales que, según el gobierno, vencen el 7 de diciembre, citando un fallo de la Corte.

“Hecha la ley, hecha la trampa. Los grupos extranjeros que no producen programación aquí, pueden tener las señales que quieran, 20, 30 o más. Por eso la Justicia lo está revisando”, dijo el diario Clarín en un aviso publicado en su última edición.

Sabbatella agregó que otros grupos médiaticos que deben adecuarse y desprenderse de licencias “son Telefé (español), DirecTv (estadounidense) y Prisa (español), además de los nacionales Grupo Uno, C5N e Indalo, entre otros.

“Nadie puede tener más del 35% del mercado, según la ley de Medios”, dijo Sabbatella.

Los conflictos entre la corporación mediática y la presidenta Cristina Kirchner se iniciaron desde que asumió su primer mandato en 2007, y arreciaron cuando el Gobierno intentó sin éxito quitarle o intervenir un servicio de internet, otro de TV por cable y una empresa de papel prensa.