La Corte Suprema condenó al Estado a pagar más de 300 millones de pesos a las familias de Chiguayante cuyas casas fueron inundadas por el desborde del canal Papen en 2005. El fallo fue celebrado por los vecinos chiguayantinos del sector Los Boldos y también por los de Valle Nonguén, quienes esperan que la justicia vaya en la misma dirección respecto de los daños a sus viviendas por las graves inundaciones de 2006.

Siete años han transcurridos desde el invierno de 2005, cuando los residentes de la población Los Boldos se despertaron con un metro de agua y lodo al interior de sus casas, luego que las intensas precipitaciones hicieran que el Papen se rebalsara.

Tras dos sentencias a su favor en el Primer Juzgado Civil de Concepción y la Corte de Apelaciones, el máximo tribunal del país confirmó la negligencia del Estado en la mantención del curso de agua -hoy totalmente mejorado tras una millonaria inversión- y determinó que las 39 familias afectadas deben ser indemnizadas.

Uno de los abogados representantes de los demandantes, Adolfo Ortega, explicó la significancia de la resolución dictada por la Corte Suprema, ya que, dijo, sentencias como ésta refuerzan el rol de garante que tienen los tribunales de justicia respecto de los derechos esenciales de las personas.

Serán alrededor de 9 millones de pesos los que recibirá cada grupo de demandantes. La vocera de los vecinos del sector Los Boldos, Titina Vidal, subrayó que el dinero no pagará todo lo sufrido y los bienes perdidos a raíz del desastre que vivieron.

Los vecinos fueron informados de la sentencia durante una reunión en la casa del senador Alejandro Navarro, en Penco, quien puso a disposición de las víctimas de las inundaciones a su equipo jurídico.

En el encuentro estuvieron también afectados por las inundaciones en Nonguén, en 2006, respecto de quienes el legislador espera similar pronunciamiento de los tribunales.

En Valle Nonguén fueron 10 mil personas cuyas residencias fueron inundadas durante las precipitaciones de 2006, por lo que exigen un pago de 210 mil millones de pesos por concepto de los perjuicios causados y el daño moral sufrido.