Italia y España hicieron un frente común este jueves para condicionar su aval al pacto de crecimiento de la Unión Europea (UE) a la aprobación de medidas urgentes para salir de la crisis de la deuda.

“No es creíble el crecimiento si no se arregla la situación”, señaló una fuente de la delegación española durante la cumbre de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE que, tras varias horas de negociaciones, se redujo ya de madrugada a los 17 dirigentes de la zona euro.

“Está muy bien el pacto de crecimiento, pero no es el problema de Europa, está muy bien, estamos a favor, es necesario, pero no es lo urgente”, añadió la fuente española.

Los dirigentes europeos esperaban aprobar este jueves un plan de inversión para reactivar el crecimiento, que ya había sido pactado en Roma por Alemania, Francia, España e Italia. Pero la luz verde se retrasó ante la inesperada presión de Italia y España.

“Dos países tienen mucho interés en que haya un acuerdo tanto sobre las medidas a largo plazo como sobre las medidas a corto plazo”, admitió el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al anunciar en rueda de prensa un acuerdo de los dirigentes de la UE para movilizar unos 120.000 millones de euros para estimular la economía y crear empleo.

“Pero la discusión no está bloqueada. La discusión continúa”, dijo Van Rompuy. Según una fuente diplomática, puertas adentro el jefe de la UE se mostró “extremadamente molesto” ante la decisión de Italia y España, dos países que sufren constantemente el acoso de los mercados.

El plan de crecimiento, que prevé invertir de forma inmediata 120.000 millones de euros, no incluye casi fondos nuevos sino ya asignados pero todavía no desembolsados.

El presidente francés, François Hollande, también pidió impulsar soluciones rápidas “para apoyar a los países que se enfrentan a dificultades en los mercados pese a que han hecho esfuerzos considerables”.

España quiere lograr que la recapitalización de su banca, extremadamente fragilizada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, se haga directamente, sin pasar por los Estados.

España pidió oficialmente esta semana ayuda a la zona euro para sanear e inyectar capital en su banca. Pero según los tratados vigentes, el Fondo europeo de rescate le suministrará la ayuda a través del Fondo público de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español.

Es decir, que el rescate se computará como deuda pública en un país que se ha comprometido con Bruselas a reducir su déficit público al 5,3% del PIB este año, frente al 8,9% en 2011, en medio de una grave recesión y un desempleo que afecta casi al 25% de la población.

En esta coyuntura, los mercados le exigen tasas de interés de casi el 7% por su deuda, insostenibles a largo plazo.

El rescate de España se hará a través de fondo de rescate temporal (FEEF) y se “transferirá” al permanente (MEDE). Esa opción desalienta a los inversores privados ya que en caso de una moratoria, el MEDE tendrá prioridad al cobrar.

El primer ministro italiano, Mario Monti, propuso utilizar el fondo de rescate de la UE para comprar deuda en los mercados secundarios de España e Italia, cuando la prima de riesgo alcance los niveles a los que ha llegado en los últimos días. Pero la mayoría de los socios no están dispuestos a aprobar esta medida sin exigir a cambio condiciones.

En los últimos días, la canciller Angela Merkel dejó bien claro que podría contemplar medidas como alguna forma de emisión conjunta de deuda por parte de los países de la zona euro, pero sólo si existe una profunda integración europea en la que los países miembros cedan cada vez más soberanía a Bruselas.

Y de eso trata justamente el proyecto divulgado esta semana por el presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, que será debatido durante la cumbre que finalizará el viernes con una reunión de las 17 economías de la zona euro.

Los dirigentes de la Unión Europea (UE) afinan una “hoja de ruta” para la integración fiscal, con un superministro de Finanzas europeo con capacidad para intervenir en los presupuestos de cada país e incluso modificarlos, además de definir techos de gasto y de deuda.

Sin embargo, la propuesta sería de largo aliento.