En medio de un escándalo se ha visto envuelta la Junta Nacional de Bomberos de Chile (JNBC) luego de que el centro de investigación Ciper Chile destapara una serie de antecedentes en torno al supuesto mal manejo financiero de la institución, el que no sólo estaría consumiendo gran parte de los recursos asignados por el Estado, sino que mantiene en pésimo nivel de infraestructura a los cuerpos de Bomberos que no son afines con la Directiva.
Según explica la investigación, en 2010 la Ley de Presupuesto transfirió a la JNBC un total de 17 mil millones de pesos, los que se elevaron a $19 mil en 2011 y que este año ascenderá a $21 mil millones. A esto se suman diversos aportes públicos y privados, cuyo conjunto en 2006 llegó a acumular 27 millones de dólares en la caja de la institución.
A la luz de estas cifras, que el propio subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla describió como “significativas” y que como expresó, en contraste con otros servicios vinculados a su cartera como la Onemi, Carabineros, la PDI o Senda, no dejan a bomberos en situación de ser “los hermanos pobres”, se vuelve difícil de explicar la precaria situación por la que atraviesan muchos cuarteles de voluntarios a lo largo del país.
Pobreza franciscana
Quizá la principal muestra de ello es el cuerpo de Bomberos de La Serena, quienes en julio de 2009 pasaron a la historia como los primeros en declararse en huelga, en demanda porque la JNBC les destinara recursos para poder seguir atendiendo a la comunidad.
“Uno gasta mucho en la mantención de los carros, la prioridad número uno. Esto hace que tengamos algunos cuarteles en muy malas condiciones, como el de La Serena que tiene baño químico. Sólo en bencina gastamos como $8 millones al año. Ahora, después de varias gestiones y de ese famoso paro, el gobierno regional va a invertir $800 millones en remodelar el cuartel central de La Serena. Pero de momento tengo sólo promesas. Sé que a la junta no le gustó que hiciéramos el paro, pero no nos quedaba otra”, indicó a Ciper el presidente regional de la Región de Coquimbo, Cristián Martínez.
Una situación aún peor se vive más al norte, en Pozo Almonte, cuyo cuerpo de Bomberos pese a atender una amplia zona zurcada por la ruta con mayor nivel de accidentes del país y en medio de grandes mineras que transportan ácido sulfúrico, sólo cuenta con un carro de emergencias para 30 mil habitantes, sin central de alarmas ni cuartelero de turno.
“Tengo un cuartel que después del terremoto que sufrimos en 2005, quedó inhabitable y aún está igual. No tenemos central de alarma ni cuartelero ni personal rentado. Funcionamos con una persona a la que le pasamos una casa, y cuando la llaman, ella nos avisa por radio y salimos. Lo mismo hace Carabineros: cuando hay algún accidente, llaman a la señora y ella avisa. Yo sé que muchos cuerpos tienen problemas, pero nosotros estamos en el centro de todos los grandes yacimientos mineros, con la tasa de accidente más grande a nivel nacional…No quiero polemizar, pero si uno insiste en que le pidan a la junta las ayudas necesarias, la respuesta es siempre la misma: ‘lo estamos viendo’”, es el relato de Efraín Lillo, director del Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte.
“Las distancias van entre una hora y media a dos horas y tenemos un solo carro para 30 mil personas. ¡Que Dios no permita que un día que salgamos para un accidente vehicular se queme algo en Pozo Almonte! Porque nadie va a poder hacer nada. Si no tenemos ni siquiera baño en el cuartel, porque no tenemos agua. Y así estamos desde hace 7 años”, concluyó Lillo.
¿Y… dónde está el dinero?
Ante este panorama, la pregunta natural es qué sucede con los recursos. Según cifras entregadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a la que debía responder anteriormente Bomberos, la Junta Nacional se asignaba hasta 2006 un total de 650 millones de pesos para su funcionamiento interno. Este monto se ha incrementado desde la elección del actual presidente, Miguel Reyes, llegando a 1.400 millones de los 20 mil millones destinados por el Estado en 2012.
Es decir, un alza de 125% en 6 años de gestión, bajo la premisa de “profesionalizar” la JNBC, la cual tiene una planta de aproximadamente 50 funcionarios.
“La Junta Nacional, con la excusa de ‘profesionalizarse’, se ha adjudicado muchísimo dinero, mientras que en la mayoría de los cuarteles tenemos que ofrecerle un sueldo miserable a gente que realmente trabaja para que sea cuartelero. ¡Que expliquen cuál es la razón de tener allá tanta gente bien pagada si al final la mayoría del trabajo lo hacen los cuerpos! A esas reuniones trimestrales que hacen en Santiago, los regionales vamos a puro sentarnos y decir que sí. ¡A rendir pleitesía a cambio de ‘limosnas’! Nadie puede discutir nada”, es el testimonio de una fuente reservada que Ciper recoge desde un cuartel de Bomberos ubicado en el sur de Chile.
Precisamente esa distribución dispar de los recursos es una de las quejas más importantes de los voluntarios. Esto porque mientras grandes cuerpos de Bomberos como el de Santiago, Ñuñoa o Valparaíso obtienen ingentes recursos desde el nivel central, otros aún más necesitados ven postergadas sus necesidades.
Es el caso del cuerpo de Bomberos de la zona metropolitana sur de Santiago, que pese a atender comunas tan populosas como San Miguel, La Cisterna, San Joaquín, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda o Lo Espejo, sufre una carencia crónica de recursos que, en marzo pasado, los obligó a entregar un ultimátum a la JNBC: o les entregaban más recursos o tendrían que salir a combatir incendios en vehículos particulares, pues no les quedaban recursos ni para petróleo ni para pagar a cuarteleros.
Se les asignaron 340 millones de pesos adicionales, pero aún así no es suficiente. Como ejemplo, uno de los dos carros bomba de la compañía de La Legua se mantiene paralizado debido a un fallo en el motor que cuesta 2 millones de pesos resolver. Por contraparte, en el mismo lapso se aprobaron $2.7 millones para el contralor de la JNBC, Fabián Bustamante, con el fin de restaurar un carro reliquia de 1880.
“Ahí es cuando te das cuenta que las prioridades no importan aquí”, aseveró a Ciper un funcionario de la sede de la JNBC.
¿Monopolio en los carros bomba?
Sin embargo uno de los puntos más álgidos que deberá explicar la directiva nacional de Bomberos es la demanda que interpusieron en su contra las empresas Crimson Fire Inc y Gimaex of America LLC, las que alegan irregularidades en la licitación pública para la compra de vehículos y otros materiales para la extinción de incendios.
A este proceso, definido en diciembre de 2011, postularon 9 empresas, las que aspiraban a ventas que podían llegar a los 100 millones de dólares. Pero en una decisión que parecía previsible, la JNBC se definió por la empresa Camiva, que hasta 2006 y durante 40 años fue la única proveedora de carros bomba a nivel nacional.
Los otros dos ganadores fueron las empresas Jacinto, cuyo representante trabajó durante 30 años en Camiva; y de Otilek y Rosenbauer, cuyo representante, Pablo Rozas, fue capitán 4ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa, la misma del director de la JNBC, Milton Rozas, quien participó en la aprobación de la licitación.
Esta extraña relación entre proveedores y bomberos quedó de manifiesto en una carta del presidente de la Región de La Araucanía, Armín Llanos, quien denunció el lobby hecho por Alejandro Delannoy, parte de la Comisión Técnica de la Junta Nacional.
Lee aquí el reportaje completo realizado por Ciper Chile