A nivel nacional, la temporada de caza comenzó el primero de abril, extendiéndose el permiso hasta el 31 de agosto. Los encargados de la fiscalización son distintas entidades, como Carabineros, la Autoridad Marítima, el Servicio Nacional de Pesca, Conaf y el mismo SAG.

Infringen la ley quienes cazan especies protegidas o en peligro de extinción; los cazadores que no tengan permiso de porte legal de armas; las personas que no tengan el permiso extendido por el SAG; y quienes no cuenten con la autorización expresa del dueño de las tierras.

Según el Director Regional del SAG en Los Ríos, Carlos Mollenhauer, quienes han infringido esta ley en la zona fueron personas de visita desde el norte.

La personas que no cumplan con esta disposición se arriesgan como mínimo a multas de 25 UTM, a la retención del arma por seis meses, con la suspensión del permiso de caza, junto con la inhabilitación de volver a obtenerla.

Incluso, si la infracción lo amerita, se puede arriesgar 3 años de prisión y una multa de 100 UTM.