La defensa de los familiares de una víctima fatal del maremoto del 27 de Febrero del 2010 intentará impedir la formalización del ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, y otros siete imputados.

Se trata del abogado Raúl Meza quien pretende que la investigación, a cargo de la fiscal Solange Huerta, se traslade a la justicia militar, para lograr, según él, penas efectivas de cárcel.

El próximo lunes, a las nueve horas, los imputados están citados al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para ser formalizados por cuasidelito de homicidio de 156 personas que murieron y otras 25 que desaparecieron en las costas de nuestro país.

Entre los presuntos responsables de los errores en la alerta de maremoto de aquel día, además del ex subsecretario Rosende, aparecen la ex directora de la ONEMI, Carmen Fernández, y el ex director del SHOA, el comandante de la Armada, Mariano Rojas.

El abogado Meza, en conversación con radio Bío-Bío, anunció que antes que se inicie la formalización le pedirá al juez entablar un “incidente de competencia” para que el caso sea trasladado a la justicia naval.

Según Meza, las eventuales penas por cuasidelito de homicidio reiterado no aseguran penas efectivas de cárcel, sin embargo si se suma el incumplimiento de deberes militares del código militar, pueden llegar a cinco años y un día de privación de libertad.

La fiscal Huerta, consultada por La Radio, adelantó que se opondrá a esta postura, argumentando que el Ministerio Público es el facultado para investigar estos hechos.

Otro de los abogados que representa a familiares de las víctimas del maremoto del 27 de Febrero, Alfredo Morgado, respaldó a la fiscal.

El abogado Meza había presentado una denuncia por incumplimientos militares ante la justicia castrense, la que fue desestimada.

La apelación iba a ser resuelta mañana por la Corte Marcial Naval, sin embargo el jurista suspendió la audiencia.