La Junta Bancaria de Ecuador, el ente que fija la política para el sector financiero, prohibirá a los bancos locales que compren cartera hipotecaria en España para evitar que cobren las deudas de inmigrantes ecuatorianos sobre los bienes de éstos en su país, anunció este sábado el presidente Rafael Correa.

“Eso no lo vamos a permitir, y la próxima semana en Junta Bancaria se tomará la resolución de que ningún banco ecuatoriano puede comprar cartera hipotecaria en España”, dijo el mandatario en su informe semanal de labores.

Inmigrantes ecuatorianos han expresado el temor de que las deudas hipotecarias adquiridas en España les puedan ser cobradas sobre bienes que posean en su país, luego de que la filial española del mayor banco privado de Ecuador, Pichincha, comenzó a comprar sus créditos vencidos.

Correa conoció de esas preocupaciones durante una visita a España hace dos semanas, en la cual se reunió con compatriotas suyos afectados por los préstamos impagos, y dialogó sobre esa cuestión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

En octubre pasado, el banco Pichincha-España señaló que al ser una entidad española seguiría “comprando cartera de acuerdo con la ley” y refinanciando las obligaciones de ecuatorianos y personas de otras nacionalidades cuya cartera adquirió.

El gobernante ecuatoriano también anunció que pedirá a la Corte Constitucional que declare ilegal una norma que autoriza a los bancos locales a revisar a la baja los precios de las casas, cuando hay créditos impagos, con lo cual los deudores pierden el inmueble y siguen endeudados.

“Nuestros delegados a Junta Bancaria la próxima semana van a tomar las medidas pertinentes frente a esto de que te pueden cobrar de donde sea, lo que se llama prenda general. Y vamos a solicitar a la Corte Constitucional que la declare inconstitucional”, indicó.

Correa propugna por la dación en pago, para que la deuda se extinga con la entrega de la garantía.

El mandatario socialista predijo que los banqueros van a desatar una “telenovela” para denunciar la inconveniencia de estas medidas, pero anotó que servirá para que “sean mucho más prudentes al momento de prestar y que presenten alternativas a las personas que no pueden pagar las hipotecas”.

Se estima que el 60% de los 350.000 ecuatorianos que viven España se hallaban desempleados a fines de 2011.