El Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales aprobó el acuerdo de suspender el procedimiento en contra del ciudadano israelí Rotem Singer, de 23 años, formalizado por comenzar un incendio en el Parque Nacional Torres del Paine, el pasado 27 de diciembre.

Durante la audiencia, de la que también participaron abogados de Corporación Nacional Forestal (Conaf), del ministerio del Interior y del Consejo de Defensa del Estado, el Fiscal Regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, explicó las condiciones impuestas al imputado.

La primera, debe trabajar como voluntario entre uno a dos años para la ONG mundial “Keren Kayemet LeIsrael”, especialista en reforestación, con agencia en Chile.

Por lo anterior, el Ministerio Público comunicó que Singer asumirá el rol de coordinar, como voluntario, la campaña especial denominada “Torres del Paine, de negro a verde”, destinada a reunir recursos para reproducir en los viveros que la Conaf mantiene en Puerto Natales, como mínimo 50 mil plantas de especies de bosque nativo como lenga y otros, que se utilizarán en la reforestación del Parque Nacional. Especialistas de la misma ONG viajarán a Chile durante el este año y actuarán en coordinación con Conaf y con las personas que localmente se harán cargo de este proceso.

Para la implementación de la campaña, Singer deberá promocionarla en distintos medios, especialmente de la comunidad judía en Chile y en su página web, haciendo con ella un símil con la realizada en 2011 para reforestar el Monte Carmelo en Israel. Asimismo, estará obligado a informar, cada tres meses, el estado de avance de ella, directamente a Conaf.

Adicionalmente, el imputado entregó al organismo forestal la suma de US$10.000, equivalentes a 4.850.000 de pesos, para subsanar los inconvenientes generados con el incendio y operativizar los medios institucionales.

El Fiscal Meléndez se mostró conforme con la suspensión condicional del procedimiento y criticó a la “obsoleta” Ley de Bosques.

“La legislación en esta materia se ve absolutamente superada ante los daños ocurridos. La pena que otorga la ley en el caso de que hubiéramos conseguido una condena llegaba a un máximo de 150 mil pesos”, dijo el representante del Ministerio Público.

Agregó que “utilizar una herramienta legal moderna que contempla el Código Procesal Penal, que es la suspensión condicional del procedimiento, supera con creces el escenario punitivo que pudiéramos esperan ante una eventual condena”.