Gracias al acceso a testimonios inéditos de los inculpados, el portal de investigación Ciper Chile reveló cómo la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) gestionó e incluso facilitó la ejecución de 14 de sus trabajadores durante la matanza del Fundo San José de San Rosendo.

En el hecho, ocurrido la madrugada del 18 de septiembre de 1973, un grupo de Carabineros de la tenencia Laja ejecutaron por la espalda a 19 personas detenidas y torturadas en los días previos, incluyendo a los trabajadores de la planta y un menor de sólo 17 años.

El grupo estaba comandado por el teniente Alberto Fernández Michell quien, siguiendo instrucciones del mayor Aroldo Solari desde el regimiento Los Ángeles, condujo a los detenidos hasta un bosque cercano al Puente Perales, donde los fusilaron, sepultando posteriormente sus cadáveres en una zanja cavada por los mismos uniformados.

Recién en agosto de 2011, el ministro Carlos Aldana pudo emitir órdenes de detención en contra de 14 de los funcionarios de Carabineros que participaron de la matanza, obteniendo información hasta el momento desconocida sobre cómo se gestaron las ejecuciones.

Entre ellas, una de las más sorprendentes resultó ser la participación activa de la CMPC en la persecución, traslado y ejecución de sus propios trabajadores, con los cuales sostenía una tensa relación tras el intento de expropiar la empresa por parte del gobierno de Salvador Allende.

Según los testimonios de ex Carabineros, tras el golpe de Estado el superintendente de planta, Carlos Ferrer, y el jefe de personal, Humberto Garrido, prepararon una lista negra con los nombres de quienes consideraban “activistas”, entregándola a las autoridades para su detención.

www.cmpc.cl

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La empresa también proporcionó a la policía buses en los cuales trasladar a los detenidos, algunos de los cuales fueron apresados en la propia planta, mientras otros fueron aprehendidos en sus domicilios o se habían entregado de forma voluntaria en la Tenencia.

Finalmente, llegado el momento de ejecutar a los detenidos, los Carabineros fueron conminados a beber alcohol previo a la tarea, el que también fue proporcionado por la empresa del grupo Matte.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros”, narra el cabo Samuel Vidal Riquelme, procesado por homicidio.

“Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Wilkens fue el único civil presente en la matanza, sin embargo no vivió para enfrentar a la justicia: en 1985 encontró la muerte a manos de un joven de 19 años que se introdujo en su fundo en Laja y le descargó un escopetazo como “ajuste de cuentas”, sepultando su cuerpo y el de su mayordomo muy cerca de donde habían enterrado a los fusilados 12 años atrás.

Actualmente todos los procesados se encuentran en libertad provisoria tras pagar fianzas entre los 100 y los 300 mil pesos. En tanto, tres de los suboficiales inculpados fallecieron por problemas de salud en 1987, 2005 y 2011, respectivamente.

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