El Senado uruguayo debatía en la tarde del martes un proyecto de ley para despenalizar el aborto, mientras desde las barras grupos a favor de la iniciativa expresaban su respaldo y afuera del Parlamento se manifestaban los opositores al proyecto.

Al grito de “sea donde sea la vida se respeta”, cerca de un centenar de opositores a la legalización de la interrupción del embarazo blandía cruces y golpeaba cacerolas intentando hacerse oír por los legisladores que en el interior del recinto discutían, en la última sesión del año, el polémico proyecto.

“Esta ley antepone el derecho de la mujer sobre el del niño, que es el más débil y no se puede defender. Se convierte el aborto en un derecho y en un gasto médico que va a pagar todo el pueblo”, dijo a la AFP Lorna Marchetti, integrante de los movimientos Pro-Vida.

Más temprano, la asociación Coordinadora por el Aborto Legal colocó en torno al Palacio Legislativo carteles que representaban manos anaranjadas con la consigna “Aborto legal”.

Luciendo camisetas anaranjadas, los defensores de la legalización iban ocupando las barras de la Cámara de Senadores en apoyo a los legisladores impulsores del proyecto.

La ley fue presentada por el oficialista Frente Amplio (FA, izquierda), que cuenta con una ajustada mayoría en la cámara. El partido llamó a todos sus legisladores a apoyar la iniciativa, que además podría contar con el voto de un legislador de la oposición.

De ser aprobada, pasará a la Cámara de Representantes, donde sería tratada el año próximo y donde nuevamente se prevén llamados a la disciplina partidaria para su aprobación.

“La ley vigente es ineficaz, discriminatoria e injusta porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no”, estimó la senadora Mónica Xavier, miembro informante de la iniciativa.

Miembros de la oposición, en cambio, defienden la vida desde la concepción. “¿No estaremos con esto incentivando el número de abortos?”, se preguntó Carlos Moreira, del Partido Nacional.

Según el proyecto, “toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”.

El plazo no se aplicará si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran “malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina”.

Todos los servicios de salud, públicos y privados tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten.

La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con el mismo y dos a ocho años para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.