Durante esta mañana, la Corte Suprema continuó con la revisión de los alegatos por la polémica construcción de Hidroaysén, luego de que la corte de Puerto Montt desestimara siete recursos de protección presentados por el Consejo de Defensa de la Patagonia.
Mientras, ambientalistas caminaban por los pasillos del Palacio de Tribunales, los magistrados del máximo tribunal escuchaban al interior de la Tercera Sala los argumentos de las partes.
Durante la sesión, que se extendió por más de cuatro horas, expusieron los abogados representantes de la empresa, los juristas de Patagonia Sin Represas y del Consejo de Defensa de la Patagonia.
Tras ello, la Corte Suprema resolvió dejar pendiente la comunicación de su decisión, dejando en acuerdo la resolución.
El Gerente Legal de HidroAysén, Camilo Charme, dijo que están seguros de sus argumentos, ya que son sólidos, legales y no arbitrarios, por que aseguro que presentaron un proyecto serio de energía para Chile.
El abogado representante del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Walter Traub, respondió a las críticas surgidas el viernes recién pasado, donde los ambientalistas cuestionaron la similitud entre los argumentos expuestos por la empresa y el Gobierno.
En ese sentido, dijo que HidroAysén respetó las normas sustantivas para dar la calificación favorable al proyecto.
Marcelo Castillo, y quien es abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, dijo que HidroAysén siempre actúa con amedrentamiento, argumentando que es “extraño” que surja un posible racionamiento eléctrico en el norte del país justamente cuando se desarrollan los alegatos.
Con dicha opinión coincidió Patricio Rodrigo, de Patagonia sin Represas, quien dijo que la política eléctrica no debe ser un monopolio.
Tras la cita, todas las partes se mostraron conformes con la jornada, pero también manifestaron sus descargos.
Mientras, la empresa acusó a los recurrentes de utilizar los recursos para impedir la ejecución del proyecto y no como un instrumento de garantía jurídica, los ambientalistas dijeron que HidroAysén no quiere que se analicen los recursos, pese a dañar los derechos de la ciudadanía.
Se prevé que la Corte Suprema entregue su fallo durante los primeros meses del 2012.