Al menos 44 personas murieron y 166 resultaron heridas este viernes en dos atentados suicida con coche bomba en Damasco que las autoridades sirias imputaron a Al Qaida mientras que la oposición acusó al régimen.

Estos atentados, sin precedentes desde que comenzó la revuelta a mediados de marzo contra el régimen del presidente Bashar al Asad, se producen al día siguiente de la llegada de una delegación de la Liga Árabe que debe preparar el arribo de observadores.

El ministerio de Interior sirio indicó en un comunicado que 44 personas murieron y que 166 resultaron heridas por estos atentados detrás de los cuales ve “la mano de Al Qaida”.

Los atentados se produjeron con pocos minutos de intervalo en el barrio de Kfar Suseh, contra el complejo de la Seguridad del Estado y frente a un edificio de los servicios de seguridad militar.

La televisión mostró imágenes de suma crudeza, de evacuación de cadáveres calcinados o mutilados, con la calzada llena de sangre y de escombros y un cráter largo y profundo dejado por la detonación.

“El terrorismo quiso que la primera jornada de los observadores en Damasco sea trágica, pero el pueblo sirio hará frente a la máquina de matar apoyada por europeos, estadounidenses y ciertos árabes”, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores, Faysal Meqdad, en el lugar de los atentados.

Meqdad añadió que Siria iba a “facilitar al máximo la misión de la Liga Árabe”.

El Consejo Nacional Sirio (CNS), principal movimiento de la oposición, imputó al régimen la “responsabilidad directa” de estos atentados, según un comunicado recibido por la AFP.

Lo que busca el régimen con estos atentados es dar la impresión “al mundo que enfrenta un peligro venido del extranjero y no una revolución popular con la que se pide libertad y dignidad”, según el CNS.

Por otra parte, el CNS acusa al régimen de haber transferido a “miles de detenidos (que estaban encarcelados en prisiones) a guarniciones militares fortificadas” en donde los observadores de la Liga Árabe no tienen acceso, y de haber advertido “a los médicos y todos los que trabajan en los hospitales para que no hablen con los observadores”.

En el extranjero, varias capitales occidentales que condenaron los atentados se inquietaron asimismo sobre sus consecuencias en el trabajo de los observadores.

Washington estimó que no debían impedir que continúe la misión de los observadores.

Francia se declaró “preocupada por las informaciones sobre manipulaciones organizadas desde hace varios días por Damasco para maquillar la realidad de la represión” a los observadores, evocando el traslado “de prisioneros políticos a centros de detención secretos”.

Londres pidió a Damasco cumplir con su compromiso con la Liga Árabe y permitir un “libre acceso” a sus observadores.

En Nueva York, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró estar “seriamente preocupado por la escalada de violencia en Siria”, indicó su portavoz.

Rusia, a quien las potencias occidentales acusan de bloquear en la ONU la adopción de una resolución que condene a Siria, calificó los atentados de actos “bárbaros” cuyo fin es atizar “la confrontación”.

El adjunto al secretario general de la Liga Árabe, Samir Seif al Yazal, que llegó el jueves a Damasco para dirigir la llegada de los observadores enviados por la organización, se dirigió al lugar del drama.

Citado por la agencia de prensa egipcia Mena, al Yazal indicó que “la misión de observación partirá hacia Damasco el lunes” y que incluye “a más de 50 expertos árabes de diferentes especialidades, como política, derechos humanos y militar”. En un primer momento la llegada de los observadores fue anunciada para el domingo.

Los militantes contra el régimen, que denuncian la apatía de la Liga Árabe frente a la represión, manifestaron el viernes en varias ciudades del país contra la firma del protocolo sobre el envío de observadores denunciando un “protocolo de la muerte”.

Catorce civiles murieron el viernes en operaciones de las fuerzas de seguridad, ocho en Homs (centro), dos en Hama (norte), dos en Duma (suburbio de Damasco), uno en Deraa (sur) y uno en Idelb (noroeste), según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (Osdh).

Según las estimaciones de la ONU, esta represión dejó al menos 5.000 muertos desde mediados de marzo. Las autoridades sirias, que atribuyen la violencia a “bandas armadas” anunciaron por su parte más de 2.000 muertos entre las tropas del ejército y los servicios de seguridad.