El Senado argentino aprobó la madrugada del jueves una polémica ley contra la financiación del terrorismo reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuestionada por juristas y la oposición al considerar que puede ser utilizada contra protestas sociales.

El cuerpo legislativo votó además una ley para ampliar las sanciones contra el lavado de dinero, también solicitada por el GAFI, un organismo intergubernamental creado en 1989 por el G7 (países más desarrollados) para proteger al sistema financiero mundial del blanqueo ilegal de fondos.

Ambas normas aprobadas durante una maratónica sesión contaron con el apoyo del bloque del gobernante peronismo y sus aliados, mayoría en ambas cámaras del Congreso.

La nueva ley antiterrorista señala que “cuando alguno de los delitos (…) hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y del máximo”.

El GAFI cuestionó a Argentina, que forma parte del Grupo de los 20 (G-20), por presunta inexistencia de condenas judiciales por lavado de dinero y financiación del terrorismo.

“Como está escrito, la nueva ley abre la puerta a la criminalización de la protesta social”, dijo el senador opositor del radicalismo Ernesto Sanz, al señalar que la norma permite que puede ser aplicada con discrecionalidad por los jueces.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, dijo que la iniciativa constituye “una extorsión del GAFI”, al que consideró un organismo “de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas”.

“Esta norma tiene la consecuencia de pertenecer. Si no estuviéramos incorporados al GAFI no estaríamos votando esta norma. Pero el reclamo social no puede ser nunca considerado una actividad terrorista”, admitió el jefe del bloque de senadores del gobernante peronismo, Miguel Angel Pichetto.

La otra ley tipifica como terrorismo a las llamadas corridas bancarias, como se conocen a las maniobras especulativas con moneda extranjera, luego de que en octubre pasado se registrara una fuerte fuga de divisas, sólo días después de que la presidenta Cristina Kirchner asumiera su segundo mandato.