El Colegio de Arquitectos de Chile, a través de una Carta Abierta, respaldó plenamente la Declaración de Monumento Nacional en su categoría de histórico al Hotel Continental de Temuco, esto tras la impugnación que hicieran sus propietarios ante tribunales para quitarle esta condición que le asegura al inmueble protección por ley.
Recordemos que en septiembre, los herederos del inmueble presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en Santiago porque su derecho de propiedad había sido vulnerado con la declaratoria.
El Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile, respondió a este recurso interpuesto en contra del Ministerio de Educación y del Consejo de Monumentos Nacionales a través de una carta donde destaca que “la calidad patrimonial y los méritos para que un bien sea Monumento Nacional no dependen de la opinión de sus propietarios, aunque ésta sea importante para su futura gestión”.
Además, prosigue la carta, “la ácida crítica de la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales contenida en el Recurso de Protección no corresponde a la realidad y, menos a la gestión actual de ese organismo, en la que se han introducido mejoras importantes”.
La Radio conversó con Enrique Vial, consejero del Colegio de Arquitectos ante el consejo de Monumentos Nacionales, quien señaló que le parece muy rara la impugnación, ya que los criterios que se usan son los mismos en todos los casos y porque además es cuestionable que ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales sea el abogado que patrocina el recurso.
También, se refirió a la importancia del Hotel para Temuco y la región, Magdalena Barros, arquitecta que participó en la elaboración del expediente que se presentó ante el Consejo de Monumento Nacionales.
Finalmente, la carta de apoyo entregada por el Colegio de Arquitectos destaca que es totalmente censurable el hecho que el abogado patrocinante del recurso de protección es quien ejerciera como Secretario Ejecutivo del Concejo de Monumentos Nacionales hasta marzo de este año, porque vulnera valores y principios mínimos de ética profesional, requisito imprescindible para quien ha ocupado altas responsabilidades públicas.