Alcaldes reconocen que hubo muncipios que incrementaron irregularmente las remuneraciones de sus funcionarios y de los propios jefes comunales.

Un informe de la Contraloría reveló que en 286 de los 345 municipios del país hubo incrementos ilegales de remuneraciones para los alcaldes y funcionarios, interpretando una norma de 1980 para compensar la disminución de la renta imponible con el cambio de sistema previsional en 1981.

Ésta permitió aumentar ese ítem para que los trabajadores mantuvieran sus sueldos líquidos, pero -según el ente fiscalizador- las municipalidades acusadas han seguido aplicándola, pese a que la misma sólo debía concretarse para los salarios hasta el 28 de febrero de 1981.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, aseguró que los ediles que incurrieron en esta práctica lo hicieron presionados por los funcionarios y ante la ambigüedad de la Contraloría y su demora en aclarar la norma.

Dijo que tampoco el gobierno ha respondido a la necesidad de resolver el problema, mediante un proyecto de ley que nivele las remuneraciones de los trabajadores municipales con el resto de la administración pública.

El alcalde de Conchalí, Rubén Malvoa, aseguró que en su oportunidad hizo ver la ilegalidad de esta práctica, que – a su juicio- configura un delito que debe ser sancionado.

En tanto, el alcalde de San Miguel, Julio Palestro, afirmó que hubo jefes comunales que efectivamente se pasaron de vivos interprentando la norma del año 80.

Conscientes de la irregularidad de esta situación los alcaldes de Conchalí y San Miguel figuran entre quienes no accedieron a incrementar las remuneraciones por esta vía.

Según la Contraloría, hubo una colusión de los alcaldes involucrados en estos pagos que, sólo el 2009, causaron un perjuicio de 14 mil millones de pesos.