Una arista hasta ahora desconocida y de alcances insospechados se abrió para las familias ribereñas del río Bío-Bío que fueron afectadas por las inundaciones del 2006, al divulgarse informes del Sernageomin donde tácitamente se reconoce la responsabilidad de la operación de la central Ralco en este fenómeno.

El antecedente se conoció a raíz de la evaluación ambiental del proyecto Hidroaysén, donde el informe de expertos del Servicio Nacional de Geología y Minería advertía que el vaciado repentino de embalses puede causar graves consecuencias.

Ahí se aludió específicamente a la operación de la central Ralco en el invierno del 2006, lo cual coincide con las peores inundaciones en las comunidades ribereñas del valle del río Bío-Bío que causaron muertos y daños materiales.

Pese a que los organismos públicos desvirtuaron la responsabilidad de las centrales Ralco y Pangue en las inundaciones aguas abajo, más de 260 familias de Los Ángeles demandaron a Endesa y al Estado chileno.

Para los dirigentes de las comunidades afectadas, el antecedente del Sernageomin sería un reconocimiento tácito que la operación de la central Ralco originó las crecidas.

Claudio Gutiérrez, que representa al sector de La Suerte, el más golpeado por las inundaciones de hace cinco años, sostuvo que analizarán con calma la información para decidir los pasos a seguir.

Sin embargo, el informe de los geólogos, que contenía diversas observaciones a Hidroaysén, no fue tomado en cuenta la Dirección del organismo que finalmente el dio el visto bueno al proyecto energético.

Esto dio origen a una polémica por el eventual ocultamiento de esa información a días que se tomara la decisión del Sistema de Evaluación Ambiental que visó al complejo generador austral.