Los gremios del sector público como la Fenpruss, la Confusam y la Anef recibieron con “malestar, desconcierto y desesperanza” el acuerdo político entre el Gobierno y la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que plantea extender el postnatal a seis meses para las mujeres con un nuevo límite en la cobertura del beneficio de 54 UF.

“El acuerdo rompe con la postura aprobada por la mayoría del Senado, y margina la opinión de las organizaciones de trabajadores”, sostuvo la presidenta de la Confusam, Carolina Espinoza, quien además dijo que la nueva propuesta “sigue consagrando la discriminación salarial y la flexibilidad laboral para las mujeres trabajadoras”.

En esa misma tónica, la presidenta (s) de la Anef, Nury Benítez, dijo que este acuerdo “da cuenta de que la clase política y el Gobierno no entiende lo que este país reclama. En este país, la clase política no escucha las demandas de la ciudadanía, las demandas de las organizaciones sociales y no recogen las aspiraciones que nuestro pueblo tiene”, refiriéndose a la crisis de la educación y a la situación de las trabajadoras mujeres.

Si bien, los dirigentes sindicales de estas entidades, valoraron la inclusión al beneficio de aquellas mujeres con contrato precario como las temporeras, rechazaron que el acceso a este derecho siga fijando un límite de cobertura como las 54 UF de sueldo.

“Creemos que el nuevo tope perjudica a un significativo sector de funcionarias públicas, profesionales, administrativas, de zonas extremas, de tercera jornada tanto de la administración centralizada como del sector salud, quienes tendrán que renunciar a parte de sus ingresos para poder ejercer este derecho y dar mejor cuidado, afecto y sustento a sus hijos/as recién nacidos”, expresó el presidente de la Fenpruss, Claudio González, quien además, dijo oponerse a la idea de liberar de toda responsabilidad al empresariado “principal responsable de la precariedad laboral y salarial de las trabajadoras”.

En ese sentido, recalcó que con este nuevo acuerdo “el Gobierno lograría el propósito de imponer la flexibilidad laboral y de castigar a aquellos niños y niñas cuyas madres trabajadoras ganan más de las 54 UF de sueldo, vulnerando con ello, el derecho constitucional de igualdad ante la ley que tienen todos/as los niños/as de este país”.

Para apoyar las acciones de rechazo, los dirigentes llamaron a las distintas bancadas del Congreso a no consolidar este acuerdo a la hora de su votación en sala y que se mantenga todo lo avanzado en el Senado.

“Iniciaremos diversas acciones, entre ellas, una rápida campaña de firmas para que antes de que este proyecto se vote en sala, logremos visibilizar ante el Congreso la voluntad de las funcionarias públicas respecto a tener un postnatal de seis meses, compartido y sin tope como los contempla actualmente la legislación de la función pública”, manifestaron.