El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, José Castillo, descartó aplicar “iniciativas de acercamiento particularmente amistosas” con Nicaragua y, por el contrario, prometió aplicar una “línea firme” con su vecino al que acusa de invadir un puñado de hectáreas.

En una entrevista telefónica concedida desde Washington al diario La Nación, Castillo –actual embajador de San José ante la OEA– advirtió que “mientras Nicaragua no le reconozca a Costa Rica la soberanía absoluta de la isla Calero, de mi parte no habrá iniciativas de acercamiento particularmente amistosas”.

Costa Rica, que abolió sus fuerzas armadas hace más de 60 años, y Nicaragua mantienen desde fines de 2010 una agria disputa territorial en torno de una minúscula isla fluvial sobre el Caribe.

San José recurrió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar lo que calificó como invasión y “severos daños ambientales” en territorios que se miden en un puñado de hectáreas. La decisión del tribunal sobre la soberanía podría demorar varios años.

En la entrevista publicada este viernes, Castillo anunció la prosecución de la línea dura que llevó adelante el saliente canciller René Castro –en el ojo del huracán por decenas de nombramientos “a dedo” en el servicio exterior– y advirtió que “mi actitud frente a la invasión nicaragûense no es complaciente”.

Abogado y sociólogo, y con 65 años, Castillo matizó sin embargo que “ahora el asunto está en la Corte de La Haya, ese es el campo de batalla y ahí se está dirimiendo el conflicto”.

Costa Rica y Nicaragua comparten una extensa frontera común que corre desde el Pacífico hasta el Caribe, y que a lo largo de dos siglos ha sido escenario de frecuentes roces y conflictos.

Cifras extraoficiales indican que en Costa Rica (4,5 millones de habitantes) viven unos 600.000 nicaragüenses, alrededor de la mitad en condición de ilegales.

La mayoría de ellos, más allá de las capacidades personales, se desempeñan como mano de obra no calificada, y muchas veces son remunerados por debajo de los mínimos legales.

Desde el inicio del actual conflicto, la presidente Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional (una agrupación nominalmente socialdemócrata, pero que en sus últimos gobiernos aplicó políticas neoliberales) tomó una posición de firmeza y desplazó tropas policiales con armamento pesado a la frontera.

Tanto Chinchilla como Ortega, ambos con diferentes problemas en sus frentes internos, lograron mejoras en los sondeos de popularidad con sus posiciones de firmeza en este conflicto.

En enero, el canciller costarricense Castro había desatado la polémica al declarar a Radio Netherland que “el ser pacifista está en el alma costarricense, pero fuerzas externas nos están obligando a reconsiderar posturas históricas”.

Chinchilla desplazó ahora a Castro –quien fue su jefe de campaña electoral– al ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y desde allí tendrá como misión “garantizar la defensa, desde el punto de vista ambiental, de la isla Calero”, dijo la jefa de Estado.

Además de Castro, la otra cara del ala dura fue el ex ministro de seguridad, José Maria Tijerino, quien abandonó su cargo hace algunos meses y fue designado embajador en Uruguay.

En febrero, el mismo día en que la Corte Internacional anunciaba medidas cautelares para mantener a ambos países fuera de la zona de conflicto, Tijerino respondía anunciando el envío de zapadores a la zona en disputa por temor a que militares nicaragüenses hayan “sembrado minas”, algo que jamás se comprobó.

Tijerino también anunció la creación de un cuerpo armado llamado Policía de Fronteras, cuyos primeros 153 efectivos completaron en febrero su entrenamiento que, se informó, incluía operaciones rurales, cartografía, patrullaje de combate, operaciones de alto riesgo y manejo de explosivos.