“Preocupado por el desinterés con que el Gobierno ha tomado la grave denuncia que hicieran ex oficiales de Carabineros sobre escuchas telefónicas ilegales a mi persona y a un conjunto diputados y a líderes sociales, por parte de la Dirección de Inteligencia de la policía uniformada, Dipolcar”, se manifestó el senador y Presidente del partido MAS, Alejandro Navarro.

El parlamentario llegó junto a su abogado, Hernán Bosselin, hasta la Corte de Apelaciones de Santiago a presentar un recurso de protección en contra del Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y del Director de Carabineros, Eduardo Gordon, con el fin de que terminar con las amenazas.

Navarro enfatizó que “un Estado que permite espiar a los parlamentarios de oposición, a los dirigente sociales o a cualquier ciudadano pone en tela de juicio el Estado de Derecho del país, lo que es grave e inaceptable. Por ello el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está obligado a hacerse parte, no sólo de la preocupación, sino que también de las denuncias y de la investigación”.

El senador del MAS señaló que “Carabineros y el Ministerio del Interior deben dar una explicación y responder de manera enérgica ante esta ilegalidad, de no ser así, de mantener el silencio y la poca decisión de investigar la grave denuncia que hicieron ex oficiales en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, entonces huele a complicidad del Gobierno, que sólo complica aún más la situación.

Navarro comentó que “la intercepción, grabación y escucha telefónica a un senador y presidente de un Partido de oposición y de autoridades y a dirigentes sociales, es un atentado a los Derechos fundamentales de las personas y requiere de una respuesta enérgica y decidida del gobierno, en cual está comprometido en su responsabilidad. Sin embargo, nos hemos percatado que no han actuado de la manera esperada, enérgica, careciendo de firmeza”.

Agregó que “nos costó muchas vidas recobrar la democracia y el Estado de derecho que nos arrebató la dictadura, para que se confabule una conspiración en contra de parlamentarios, presidentes de partidos de la oposición y de dirigentes sociales interceptando sus llamadas de manera ilegal, lo que no toleraremos y dejaremos pasar y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se investigue y se transparente la situación”.

El Recurso de Protección que presentó el legislador se sustenta en la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas de este país, en su artículo 19 numerales 1º; 4º y 5º, el respeto a la integridad síquica, a la vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada”.

El parlamentario señaló que “cabe tener presente que el proceder a interceptar conversaciones telefónicas de cualquier ciudadano sin una orden judicial de por medio viola la Constitución, al transgredir el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona perseguida y la de su familia. Además, hay que tener presente que sólo puede allanarse e interceptar, abrir o registrar las comunicaciones y documentos privados en los casos y formas determinados por la Ley”