La Contraloría General de la República revisará la futura venta de la participación estatal en el sector sanitario sólo una vez que ésta se concrete.

Esa fue la respuesta del organismo fiscalizador a los presidentes de los partidos de la Concertación, que a principios de este año pidieron al contralor, Ramiro Mendoza, que analizara los antecedentes de la medida del gobierno de enajenar la participación que el Estado mantiene en cuatro empresas sanitarias.

La Contraloría precisó que sólo puede revisar el caso una vez que la venta se concrete. La respuesta no satisfizo a los máximos dirigentes del bloque opositor.

El Presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, la calificó como equivocada porque -dijo- es importante que la entidad fiscalizadora haga un examen de legalidad a la decisión que tomó el Ejecutivo de vender estos activos.

En tanto, el vocero de la Concertación y Presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, precisó que insistirán ante la Contraloría para que ésta se pronuncie sobre el eventual perjuicio al erario nacional, antes del cierre de la operación.

Los dirigentes opositores insistieron que la operación sólo favorecerá a los privados, que recuperarán en corto plazo la inversión, y el Estado quedará sin financiamiento para beneficios como el subsidio al consumo de agua potable de los sectores más pobres.

El Estado mantiene, en promedio, la propiedad del 38 por ciento de Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal y se espera que su enajenación reporte al Fisco unos mil 600 millones de dólares.

La CORFO, en tanto, confirmó que la venta se realizará este año, iniciándose el primer semestre con el 34,98 por ciento de la propiedad de Aguas Andinas.