Ante la presencia de las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, rindió este miércoles la duodécima Cuenta Pública de actividades del Ministerio Público, y la cuarta de su gestión, realizada en dependencias del Centro Cultural Gabriela Mistral.
En su balance, la máxima autoridad destacó que en 2010 ingresaron al Congreso Nacional tres Proyectos de Ley sobre materias citadas en la Cuenta Pública de 2010, como el decreto que impide a los condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad optar a la eliminación de su prontuario penal; y el proyecto que establece un sistema para la subrogancia de fiscales que deban ausentarse de sus labores, sobre todo en caso de períodos prolongados.
Para el presente período y en materia de delitos sexuales, sugirió reforzar el sistema de protección de las víctimas menores de edad, con la posibilidad que sus testimonios, tanto en la etapa de investigación como en la de juicio oral, sean registrados e incorporados mediante procedimientos especiales, mejores que los existentes, que garanticen su indemnidad sicológica y eviten la victimización secundaria, que el rigor de los procedimientos policiales y judiciales les podría producir.
En materia de corrupción, insistió en revisar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, para así adoptar medidas especiales de indagación, como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas. “Útil sería- igualmente- establecer estas técnicas especiales en la investigación de los delitos que afectan la probidad pública”, indicó Chahuán.
Respecto al problema de la sobrepoblación carcelaria, el Fiscal Nacional estima imprescindible adoptar medidas de fondo que permitan revisar en profundidad el sistema de penas del Código Penal.
“Este sistema de penas debe ser modernizado y contemplar la privación total de libertad como último recurso y no como regla de general aplicación. Debe existir, de otro lado, una indispensable discriminación positiva que permita distinguir entre los llamados imputados primerizos y los delincuentes habituales, de modo de enfocar la actividad de rehabilitación en los primeros y la acción represiva del Estado sólo en estos últimos”, afirmó Chahuán.
Asimismo, se mostró favorable al proyecto que busca incorporar medios tecnológicos modernos para el seguimiento de las medidas de la Ley 18.216, alternativas a la privación o restricción de libertad, pero “cuidando que, el uso del brazalete electrónico, no se traduzca en un etiquetamiento o marca infamante adicional para los presuntos delincuentes”.
Frente a los delitos de manejo en estado de ebriedad que causan lesiones graves o la muerte, el Fiscal nacional propuso modificar la Ley, para facilitar la eventual cancelación de licencia de conducir, en casos calificados y no sólo limitarse la sanción accesoria a la suspensión de tal documento.
Desde el inicio de la Reforma Procesal Penal a Diciembre de 2010, el Ministerio Público ha tomado conocimiento de 7.433.932 denuncias. De ellas, el 97% (7.191.718) fueron tramitadas y se encuentran terminadas.
Una vez que el nuevo proceso penal se implementó en todo el país, los términos judiciales se han incrementado en un 72%, es decir en 2010 se aplicaron 275.626 más que en 2006. Así, el 2006 las Sentencias Condenatorias representaron el 12% de los términos, mientras que en 2010 representaron el 16%. Las Salidas no judiciales, representaron el 64% de los términos, mientras que el año 2010 un 57%.
El Archivo Provisional en 2006 fue de 49%, mientras que en 2010 fue de un 45%, experimentando una baja de 4 puntos porcentuales. Los Juicios Orales han presentado un incremento permanente en los últimos cuatro años (56,8%).
En este segmento, las sentencias condenatorias alcanzan en promedio casi el 90%, es decir casi nueve de cada 10 juicios acepta la pretensión de castigo del Ministerio Público. Las audiencias de Control de Detención superan el doble en los últimos cuatro años. Si en 2006 fueron 90.848, el 2010 alcanzaron 204.096 audiencias.
El Fiscal Nacional destacó que “los resultados obtenidos son muy buenos, hemos mejorado constantemente hasta llegar al máximo de nuestra capacidad, pero con un importante desgaste de nuestros recursos humanos”.
En ese sentido, fue enfático en señalar que espera que el Gobierno envíe a la brevedad al Congreso los proyectos de fortalecimiento del Ministerio Público, que amplía la planta funcionaria, y aquel que crea una Fiscalía Supraterritorial de Investigaciones de Alta Complejidad, con competencia en todo el país, integrada de forma multidisciplinaria (fiscales, abogados asistentes, analistas e informáticos) y con funcionarios destinados en forma permanente a la Fiscalía, desde las policías, Servicio de Impuestos Internos y Contraloría General de la República, quienes debieran conocer de las más importantes investigaciones en materia de criminalidad compleja como el lavado de activos, crimen organizado, corrupción y grandes redes delictuales.