La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, quedando listo para su promulgación.

Con 76 votos a favor, 21 en contra y 16 abstenciones fue aprobada la iniciativa legal del Gobierno que busca la creación de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación.

Durante la sesión debió ser desalojado un grupo de estudiantes y profesores que protestaban contra el proyecto, porque a su juicio, las nuevas entidades tendrán la facultad de quitar el reconocimiento oficial a colegios y la subvención a sus alumnos.

El informe de la comisión mixta de senadores y diputados propuso un texto para resolver las diferencias surgidas entre las dos cámaras legislativas durante la tramitación del proyecto de ley.

La nueva institucionalidad para la calidad de la educación:

La Agencia cumplirá la función de evaluar el desempeño de los establecimientos de educación y de sus sostenedores, basándose en estándares indicativos, regulando el objeto de estas evaluaciones, su procedimiento, las visitas inspectivas y los informes de resultados, señala el proyecto.

En el caso de los establecimientos particulares pagados, las evaluaciones serán voluntarias, autorizándose a la Agencia a realizar visitas de “aprendizaje” de colegios clasificados como de “Desempeño Alto”, con el fin de identificar y difundir las mejores prácticas de esos establecimientos.

En cuanto a la Superintendencia, su tarea será fiscalizar el uso de los recursos y el cumplimiento de la normativa por parte de los sostenedores y los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado.

Regulará además el procedimiento de rendición de cuentas de los sostenedores de establecimientos subvencionados o que reciban aportes del Estado y, el correspondiente a la atención de denuncias y reclamos formulados por los miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados.

También faculta a la Superintendencia para designar, mediante resolución fundada, un Administrador Provisional, para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo.