Diputados del PPD pedirán una investigación a la Dirección General de Movilización Nacional, para conocer cómo se logró la internación de armamento de grueso calibre que tenía su poder el supuesto asesino de los dos policias.

Los diputados Ramón Farías y Felipe Harboe solicitarán que se indague acerca de la procedencia del armamento encontrado en poder de Italo Nolli, quien en su domicilio almacenaba gran cantidad de armas con sus respectivas municiones, entre las que se encontraban 3 pistolas Glock calibre punto 40 semiautomáticas, además de otras 2 de 9 milímetros y un revolver Taurus.

El diputado Ramón Farias manifestó su preocupación por la eventual no fiscalización ni control de estas armas, agregando que considera que las actuales políticas de prevención de la delincuencia por parte el Gobierno han sido un fracaso.

Por todo ello pretende reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para darle a conocer el plan de seguridad en la comuna de San Joaquín, cuando el parlamentario era alcalde.

Por su parte, el diputado Felipe Harboe criticó la forma como el Gobierno ha enfrentado el tema de la tenencia responsable de armas, por lo cual exige una mayor fiscalización de la Dirección General de Movilización Nacional.

A su vez el parlamentario manifestó que el año 2007, cuando era subsecretario del Interior, se envió una iniciativa legal que restringe el uso de armas y sus municiones, proyecto que según el parlamentario duerme en el Congreso, porque la alianza a negado su tramitación legal.

Mientras que el diputado de Renovación Nacional y también ex subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, enfatizó que se encuentra absolutamente regulada por la ley sobre tenencia y uso de armas de fuego, por lo que no es necesaria una nueva legislación sobre la materia.

Por otro lado, como irregular catalogó el senador de la UDI, Víctor Pérez, la tenencia de armamento por parte de Italo Nolli, por lo que espera que esto sea investigado.

Mientras que parlamentarios de la UDI anunciaron un proyecto de ley para que los miembros de las policías cuenten con un seguro de vida cubierto por el Estado y en caso de muerte, en acto de servicio sean ascendidos de grado.