El próximo año comenzará a regir la normativa que regulará las máquinas de juegos de azar y de habilidades en Talcahuano. Pese a esto, los comerciantes dicen desconocer la ordenanza municipal y argumentan que este no es el momento para implementar la medida que contempla el cobro de 3 UTM por cada máquina.
El denominado ‘casino de los pobres’ ha llegado a poblaciones y al centro de Talcahuano, donde la proliferación de las máquinas de juego de azar preocupa a las autoridades de la comuna puerto, que con una ordenanza buscan regular esta actividad.
La señora María es una de las clientas habituales de este local de juegos electrónicos, 1.000, 2.000 y hasta 20.000 pesos ha apostado en un día. Siempre juega en la misma máquina, pese a que su familia no esta de acuerdo.
Como la señora María, son miles los jugadores que llegan a diario a realizar sus apuestas. Aseguran que hay máquinas que pagan hasta 30 mil pesos. Pero el negocio también es bueno para los locatarios, cuando cada uno de los juegos deja aproximadamente 60 mil pesos de ganancia.
En el centro de la comuna puerto hay cerca de 7 locales de es tipo, por eso desde el municipio anunciaron que en enero entrará en vigencia la ordenanza municipal que regula los juegos de azar y habilidades.
La nueva normativa establece que semestralmente, cada locatario deberá pagar 3 UTM por máquina, lo que equivale a unos 100 mil pesos. Además, los recintos podrán funcionar hasta las 11 de la noche, mientras que de lunes a viernes quedará prohibido el ingreso de escolares desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Mientras la ordenanza esta a punto de entrar en vigencia, los comerciantes solicitan más información y descartan rotundamente que estos centros de juegos estén asociados con la delincuencia. Para ellos, este no es el momento para regular la instalación de máquinas y cobrar semestralmente por ello.
Talcahuano se une a otras comunas del país que quieren regular la instalación de máquinas de juegos de azar y habilidades, al mismo tiempo, se abre la polémica con los comerciantes que argumentan que están trabajando en regla y que la ordenanza no los ayuda a salir adelante, sobre todo en una comuna tan golpeada por el terremoto y tsunami.