Nicaragua se tomará su tiempo para llevar una demanda “bien fundamentada” a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por un diferendo limítrofe con Costa Rica, que la acusa de daño ambiental por el dragado de un río fronterizo, dijo el presidente Daniel Ortega.
“Nos tomaremos el tiempo que sea necesario, pero vamos a ir bien fundamentados, con todos los argumentos jurídicos (..) a la Corte a denunciar la actitud de Costa Rica”, porque una “demanda no se prepara a la carrera”, afirmó Ortega, la noche del sábado en Managua.
Según el gobernante, “lo importante” no es quien presenta primero la denuncia ante la CIJ en este conflicto, sino “ir bien fundamentados, con todos los elementos jurídicos y legales que existen en la materia” para ganar el juicio.
En ese sentido, consideró que la decisión de Costa Rica de recurrir primero a la CIJ a reclamar derechos ya “juzgados” sobre el nicaragüense río San Juan, que bordea parte de la frontera común, fue una “actitud desesperada”.
“Creo que es una actitud desesperada porque van de nuevo a hablar de un caso ya juzgado”, por la CIJ en julio de 2009, dijo Ortega.
Costa Rica denunció el jueves a Nicaragua ante la CIJ por violación de su soberanía y daños al medio ambiente con los trabajos de dragado que realiza desde el 18 de octubre por el río San Juan, y pidió que dicte medidas cautelares para detener la limpieza del afluente.
El dominio que Nicaragua tiene sobre el río fue establecido en un tratado limítrofe de 1858 y confirmado por dos posteriores laudos y el fallo de la CIJ.
Managua intentará ahora promover una acción definitiva ante la Corte para resolver de manera “integral” los eternos conflictos que ha tenido con San José a causa del río, informó el viernes el agente nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello.
Ortega tiene previsto reunirse el lunes con representantes de todos los poderes del Estado para afinar su posición ante la CIJ, en un juicio que podría costar siete millones de dólares a la empobrecida Nicaragua.
Entre otros, exigirá el amojonamiento de la frontera, conforme al tratado de 1858, que ambos países interpretan a su manera, lo que provocó una disputa de soberanía sobre una pequeña franja en el extremo este de la línea divisoria, y denuncias de incursión militar por parte de San José, que Managua rechaza.