La Organización de Estados Americanos (OEA) repudió este jueves cualquier intento de alterar el orden democrático y pidió evitar la violencia en Ecuador, donde existe un golpe de Estado en marcha, según denunció el secretario general del ente, José Miguel Insulza.
La OEA aprobó de manera unánime una resolución en la que repudió “cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática en el Ecuador” y llamó a los “sectores políticos y sociales a evitar todo acto de violencia”, en una Asamblea general convocada de urgencia en Washington.
La Organización decidió “respaldar decididamente al gobierno constitucional del presidente Rafael Correa (…) en su deber de preservar el orden institucional, democrático y el Estado de derecho”.
Durante la reunión, Insulza afirmó que en Ecuador “está en marcha un golpe de Estado”, pero advirtió que todavía “no se ha consumado” y “la manera de evitarlo es actuar rápidamente”, por lo que llamó a hacer “toda la presión internacional posible”.
“Tenemos una situación muy grave”, dijo Insulza, quien conversó telefónicamente durante la jornada con Correa, cuando este se refugió en una habitación de un hospital en Quito, tras ser agredido por policías.
Ante protestas de policías y militares, que derivaron en la toma de algunas guarniciones, el Congreso y aeropuertos de Ecuador, Correa denunció una tentativa de golpe de Estado y su gobierno decretó un estado de excepción.
La representante de Estados Unidos en la OEA, Carmen Lomellin, se unió a los demás países que fustigaron los hechos en Ecuador y dijo que su país “condena cualquier intento de violar el proceso democrático y el orden constitucional” en el país sudamericano.
Insulza dijo que podría convocarse una reunión de cancilleres de la OEA y no descartó que realice en las próximas horas un viaje a Ecuador.
Dijo que probablemente asistiría a la reunión de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) convocada de urgencia en Argentina.
La OEA “debería mostrar la misma unidad” que evidenció ante Honduras, país que fue separado del organismo tras el golpe de Estado de junio de 2009.