El presidente peruano, Alan García, juramentó el martes al nuevo presidente del consejo de ministros José Antonio Chang y a su gabinete en el que destaca la remoción del titular de Defensa que cayó por la polémica de un decreto ley que favorecía la impunidad a militares.

Foto: cmi.com.co

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Chang asume el cargo en el tramo final del gobierno que concluye en julio de 2011 y reemplaza al renunciante Javier Velásquez -quien permaneció en el cargo 13 meses-, que aspira a ser candidato presidencial en las elecciones internas del oficialista y socialdemócrata partido Aprista.

Chang, de 52 años y miembro del partido de gobierno, seguirá además como titular de Educación, cartera que encabeza desde el inicio del gobierno en julio de 2006.

La renuncia de la ministra de Economía, Mercedes Araóz, se preveía desde hacía semanas debido a una posible postulación por el oficialismo en las presidenciales de abril del 2011.

El nuevo ministro de Economía, Ismael Benavides, es un empresario que ya fue ministro de Agricultura del presidente García al inicio de su gobierno, por lo que no se prevén cambios en la política económica.

La caída del ministro de Defensa Rafael Rey intervino después de que el gobierno retrocediera el lunes y pidiera derogar el reciente decreto ley 1097 -que defendía Rey- que favorecía la impunidad para los militares procesados por más de 36 meses por violaciones a los derechos humanos en el conflicto interno peruano (1980-2000).

Del total de 17 ministros que integran el gabinete ministerial que preside Chang, nueve son nuevos y ocho repiten el cargo.

El presidente Alan García señaló antes de la juramentación que Chang tiene el encargo de “crecer, redistribuir, descentralizar y entregar más obras a los pobres”.

García aceptó el domingo la renuncia del gabinete ministerial, que era esperada desde hace varias semanas debido a que varios de sus integrantes tienen intención de participar en las elecciones presidenciales y legislativas de abril de 2011.

Las leyes señalan que los funcionarios públicos deben dejar sus cargos seis meses antes de las elecciones si es que desean participar en ellas.