El asesinato de un abogado que acusó de su muerte en un video póstumo al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, tuvo un vuelco este martes, cuando una comisión investigadora de la ONU concluyó que el crimen fue planificado por la propia la víctima.

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El caso del abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado el 10 de mayo de 2009, marcó el segundo año del gobierno de Colom, que se cumple este jueves, en un país sumido en la pobreza y afectado por una incontrolable ola de violencia que dejó unos seis mil muertos en el año recién terminado.

Los investigadores determinaron que el abogado pidió a familiares de su ex esposa que contrataran a sicarios para asesinar a un supuesto extorsionador, pero el blanco que les dio era él mismo, explicó el jurista español Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la ONU.

“En conclusión, Rodrigo Rosenberg planificó su muerte. Por alguna razón buscó poner fin a su vida”, afirmó Castresana.

Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de analizar miles de llamadas telefónicas de Rosenberg y sus allegados y de otras indagaciones, agregó Castresana, cuya Comisión apoya los esfuerzos para reducir las altas tasas de impunidad en los crímenes cometidos en Guatemala (98% según la Cicig).

La difusión del video en que Rosenberg inculpaba de su segura muerte a Colom causó una gran crisis política en Guatemala. Dirigentes opositores y miles de guatemaltecos marcharon por las calles exigiendo la renuncia del gobernante.

Colom y su vicepresidente, Rafael Espada, coincidieron en que el caso de Rosenberg dividió al país, provocó la mayor crisis política en la historia reciente y un golpe fue más fuerte que la crisis económica internacional.

“Fue un megadaño y se debe resolver judicialmente (…). Yo diría que junto al cambio climático y la agresión financiera internacional, la crisis de mayo fue la peor que nos pudiera tocar” en el 2009, afirmó Colom en una entrevista con el diario Prensa Libre, publicada este martes.

Sin embargo, reconoció que sus esfuerzos para contrarrestar la violencia son insuficientes, toda vez que el año pasado unas 6.000 personas fueron asesinadas en Guatemala, lo que lo hace uno de los países más violentos de Latinoamérica.

“Para mí (la inseguridad) es el gran reto histórico de este gobierno y de los próximos que vengan. Enderezar un desorden en seguridad de ocho años ha sido complicado. El narcotráfico es responsable de 41% de esa criminalidad”, justificó Colom.

De su lado, el vicepresidente Espada consideró que el crimen de Rosenberg “es un caso típico que desarmó al país sin tener bases” para acusar al presidente. “Nos dio un impacto mundial tremendo”, deploró.

Por el crimen hay 11 detenidos, entre ellos varios policías, pero sólo ocho están formalmente acusados y otros tres esperan testificar como “colaboradores eficaces” para obtener beneficios judiciales.

Otras tres personas están prófugas, entre ellas dos empresarios que son primos de la primera esposa del abogado, que fueron acusados de ser los autores intelectuales del crimen.