Ante los hechos de violencia con armas de fuego que se han registrado entre mapuches en los ex fundos del agricultor Jorge Luchsinger, debido a que el Gobierno entregó todas las tierras a una sóla comunidad, el gobernador de Cautín, Cristian Dulansky, señaló que éste es un problema entre privados, haciendo un llamado a los indígenas a denunciar.

Tal como informó La Radio, un verdadero far west sin ley, es lo que se vive casi todas las noches en los fundos Santa Margarita y San Miguel, ya que ambos predios fueron entregados por el gobierno a la comunidad Juan Catrilaf 2, dejando sin tierras a un grupo de comunidades colindantes que aseguran tener más derechos ancestrales que los beneficiados, sindicando que sólo fueron premiados para que terminaran con su extrema violencia en la zona.

Actualmente, el fundo San Miguel está bajo control de la comunidad Lluful Sandoval, quienes incluso estarían efectuando un millonario robo de madera, con arriendo de faenas forestales, por lo que los dueños legales, los indígenas de la Juan Catrilaf 2, han intentado en múltiples oportunidades recuperar sus nuevas tierras, no pudiendo aún por la férrea resistencia de sus vecinos, registréndose numerosos enfrentamientos con escopetas.

En el fundo Santa Margarita la situación no es muy distinta, actualmente esta bajo control de la Juan Catrilaf 2, pero constantemente un grupo de 7 comunidades colindantes, que señalan tener más derechos ancestrales, ingresan al predio, siendo repelidos a balazos.

Ante todo este escenario, el gobernador de Cautín, Cristian Dulansky, señaló que existen las instancias legales para hacer las denuncias en caso que alguien sienta vulnerada su propiedad, afirmando que Carabineros ha realizado patrullajes por el sector.

Dulansky agregó que el Gobierno ya cumplió con sus compromisos de tierras con los mapuches, siendo ahora un problema entre privados, aunque aseguró que les preocupa el clima de violencia.

Los comuneros, además, han denunciado amenazas de incendios en viviendas, temiendo que los enfrentamientos terminen con víctimas fatales, culpando de todo al Gobierno por premiar con tierras a una comunidad que sindican como violenta, en desmedro de quienes por años realizaron los trámites legales ante la Conadi.