El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, desmintió este sábado las acusaciones de la oposición que le atribuyen responsabilidad en un fallo judicial que rectifica la destitución por parte del Congreso de dos magistrados de la Corte Suprema.

“Desmiento categóricamente cualquier tipo de insinuación de intromisión del Poder Ejecutivo en competencias de otros poderes del Estado”, precisó el gobernante, quien este sábado convocó a la prensa al palacio de Gobierno.

“Son los primeros pasos para el establecimiento de una dictadura”, había dicho el líder opositor Lino Oviedo a la AFP en referencia a un fallo judicial que obliga a restituir en sus cargos a dos ministros de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia paraguaya.

Se trata de Carlos Fernández y Bonifacio Ríos, destituídos por “mal desempeño” en 2003 en el transcurso de un juicio político en el Congreso. Ambos recurrieron la medida tras alegar que no pudieron ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Recurrieron a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La carta magna también faculta al Parlamento a destituir al presidente de la República en juicio político por la misma causa (mal desempeño), por mayoría de dos tercios.

La mayoría opositora del Congreso se reunió hoy en forma extraordinaria en plenaria de las cámaras de senadores y de diputados para repudiar el fallo y exhortó al pleno de la Corte a rever de inmediato la medida judicial, a la que calificaron de “golpe de Estado contra el Poder Legislativo”.

Antonio Fretes, presidente de la Corte, anunció a su turno que convocó para el próximo martes a los tres magistrados que firmaron la sentencia. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, de mayoría opositora, también anunció que iniciará un proceso a los jueces en cuestión.

Roberto Hirsch, abogado de los dos ministros de la Corte favorecidos por la sentencia, advirtió que el Parlamento incurrió en abuso de poder y que si se incumple el fallo, derivará en un “caos jurídico incalculable”.