Desde la entrada en vigencia la Reforma Procesal Penal en el año 2000, las demandas en contra del Fisco debido a “errores judiciales” producto de sentencias equívocas, en que inocentes estuvieron privados de libertad y posteriormente absueltos de cargos, ascendió a los $213 mil millones según cifras oficiales.

Los antecedentes recabados dan cuenta que en total son 9 las acciones civiles emprendidas contra el Estado, de las cuales una se encuentra radicada en el 4º Juzgado de Letras de Arica por un monto de US$3 millones; 2 están en los Juzgado de Letras de Antofagasta, por $100 millones y $60 millones, respectivamente; y una por $1.300 millones está siendo vista por el 2º Juzgado de Letras de Talca.

Además, otra acción civil fue revisada por el Juzgado de Valdivia por un monto de 40 millones 360 mil pesos; una por $550 millones está siendo resuelta por el 17º juzgado Civil de Santiago, y tres se encuentran en vista por la justicia de Temuco por sumas de $509 millones, $100 millones y $80 millones, respectivamente.

De todas las acciones civiles en contra del Estado, 5 de ellas -correspondientes a Santiago, Talca y las de Temuco- se encuentran aun en trámite, mientras que otras 3 –Arica, Valdivia y una de Antofagasta- fueron falladas con resultado negativo para sus demandantes. Pero de todas, sólo una –radicada en la capital de la Segunda Región – ya fue resuelta de manera satisfactoria para el afectado por un “error judicial”.

Este dictamen favoreció a Mario Iván Núñez Manquez, quien en febrero de 2004 sufrió la usurpación de identidad por parte de un antisocial que al ser detenido por Carabineros entregó los antecedentes del afectado “sin que el fiscal adoptara todas las precauciones para cerciorarse de la efectividad de tal situación”, consigna el fallo.

Añade el escrito que “como consecuencia de ello, el individuo fue sometido a juicio inmediato y condenado por el delito de robo en bienes nacionales de uso público en grado de tentativa, pero con la identidad del actor (Núñez Manquez). De lo anterior se derivó una orden de arresto en su contra, y la anotación prontuarial en su extracto de filiación por un delito que no ha cometido”, sostiene la resolución.

Tras la demanda de $100 millones contra el fisco presentada por el afectado -la cual fue rebajada por la justicia a una suma de $10 millones- el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema a fin de evitar el pago, situación que finalmente no prosperó ya que éste fue rechazado por el máximo tribunal que confirmó además el segundo monto acordado por la judicatura nortina.

Cifras proporcionadas por la Defensoría Penal Pública, sostienen que hasta el segundo trimestre de 2009 los procesos que terminaron con un dictamen de sobreseimiento definitivo de la investigación abierta por el Ministerio Público llegaron a las 4017 causas, lo cual representa un 4,4% del total de procedimientos. Además las absoluciones de cargos en contra imputados ascendieron, en igual fecha, a 991 que porcentualmente alcanza el 1,1%.