El gobierno colombiano defendió el sábado la Ley de Justicia y Paz que anunció como un instrumento para someter y procesar a los paramilitares de extrema derecha, pero que es criticada como “un foco de impunidad” por activistas humanitarios nacionales y extranjeros.

La ley, impulsada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso para facilitar un proceso de paz y sancionar los delitos cometidos por los paramilitares, “es el proceso de justicia más ambicioso del mundo”, señaló el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, en un comunicado.

El gobierno “no admite (y) no acepta ningún pronunciamiento que trate de deslegitimar el marco jurídico bajo el cual se llevó a cabo el proceso de paz” que permitió la desmovilización de miles de integrantes de los escuadrones de extrema derecha, indicó Pearl.

Activistas colombianos y extranjeros aseguran que la Ley de Justicia y Paz se convirtió en un ‘foco de impunidad’, pues los principales jefes paramilitares no han sido condenados por los delitos de lesa humanidad de los que se les acusa en Colombia e, inclusive, 14 de ellos fueron extraditados a Estados Unidos pero por el delito de narcotráfico.

Los activistas sugieren que el caso de los líderes de los escuadrones derechistas y otros delincuentes acusados de cometer delitos de lesa humanidad debe ser conocido por la Corte Penal Internacional (CPI), bajo cuya plena competencia Colombia quedó desde el pasado 1 de noviembre.

Pearl señaló que el Estado colombiano “siempre ha sido respetuoso del Estatuto de Roma (que dio origen a la CPI)” y que el Gobierno y el Congreso de Colombia son responsables de “definir las políticas” legales y la Fiscalía y la Justicia son competentes para implementarlas.

La Fiscalía “ha hecho unos esfuerzos enormes y tiene grandes resultados: más de 1.800 versiones libres (declaraciones de los implicados), más de 30 mil hechos nuevos conocidos, más de 12 mil hechos confesados y más de 27 mil víctimas que han asistido a las versiones libres”, aseguró el funcionario.

“Sin embargo, algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia han dilatado o impedido que se haya llegado a los logros de una justicia pronta y eficaz”, enfatizó Pearl, quien instó a ese poder del Estado a revisar su postura.