El desarrollo sostenible de Chile, debe ser uno de los objetivos fundamentales de nuestra nueva Constitución. No hay espacio a dudas. El cuidado del medioambiente, el acceso universal al agua, además de aspectos básicos como salud, seguridad y educación, marcarán la pauta de nuestra nueva carta magna. Pero poco se ha hablado de energía, una arista ineludible cuando nos imaginamos el país del mañana.

En materia energética, las principales preocupaciones ciudadanas se orientan al gasto excesivo en el presupuesto familiar, la percepción de un nivel de calidad de servicio insuficiente, brechas respecto a la reglamentación térmica en la construcción de viviendas y los nocivos efectos de la contaminación intradomiciliaria.

El acceso a energía de calidad no se establece como derecho en nuestra constitución. Por lo cual, estamos en falta respecto a los tratados y acuerdos internacionales suscritos desde hace ya varias décadas, particularmente con el Objetivo de Desarrollo Nº7 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
Las necesidades en materia energética continuarán en aumento, por lo que su producción, transmisión, distribución y consumo, deben tener como horizonte una matriz energética renovable, menos contaminante y más segura, guardando un ciclo virtuoso entre los distintos factores económicos, culturales, tecnológicos y medioambientales.

Un nuevo pacto social y ambiental es la base sobre la cual vamos a construir el futuro modelo de desarrollo nacional. Es fundamental poder entender en profundidad los beneficios y costos de ello con una mirada responsable, de largo plazo y sustentable, sobre la base de información técnica y no de ideologías partidarias.