Convención Constitucional y atavismo estratégico
El trabajo de la Convención Constitucional que se inició este domingo 4 de julio estará determinado por el rol que los convencionales asuman cuando el órgano funcione rutinariamente. Dependiendo de los procedimientos de gestión, este espacio puede terminar siendo un reflejo de la crisis política del 18-O o el principal factor para imaginar y construir una mejor democracia. ¿De que depende?
Los hechos que determinaron la suspensión momentánea de la ceremonia de inicio de la Convención demostraron la complejidad de mantener la articulación entre convencionales y las organizaciones sociales. La tensión entre legitimidad y eficacia marcará la historia de este proceso que comienza. El acto de ingresar al perímetro de seguridad en el ex edificio del Congreso Nacional, durante la ceremonia de inauguración, se convirtió en un símbolo del paso de los convencionales desde el espacio social al espacio político. Mientras, el mundo pone su mirada sobre este proceso inédito.
Sin embargo, la importancia simbólica y política de la Convención será evaluada por sus resultados. Nadie debiera sorprenderse que el funcionamiento de la Convención movilice con fuerza identidades y símbolos que han estado en disputa a propósito del estallido del 18-O. Tampoco es sorpresivo que existirán crecientes tensiones estratégicas entre actores sociales radicalizados y los Convencionales que buscan representarlos. A poco andar los representantes enfrentarán el atavismo estratégico de sectores sociales constituidos en el contexto de una cultura anclada en lógicas identitarias y narrativas de la desconfianza. Estos elementos, precisamente, ponen en valor la elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención. Aunque hace tiempo que sabemos que es impostergable definir fórmulas para que los pueblos originarios gestionen con autonomía sus asuntos en el marco del Estado, el rol que asume Elisa Loncon significa el mandato definitivo para concretarla.
En el caso que los Convencionales asuman su función como mandato imperativo, esto es, como el cumplimiento obligatorio de instrucciones dadas por sus representados, los costos de los acuerdos con otras fuerzas serán más altos. Si en cambio, los Convencionales asumen su función como mandato representativo, es decir, como una orden que les confiere autonomía para actuar en función del interés general, los costos de construir acuerdos serán menores que en el supuesto anterior.
Es mucho lo que se juega Chile con el éxito o fracaso de la Convención Constitucional. La prolongación de la conflictividad representaría no solo la perdida de eficacia del Órgano Constituyente sino la erosión de su legitimidad como mecanismo para institucionalizar la conflictividad del “País de Octubre”. La delgada línea de equilibrio entre legitimidad y eficacia permitirá que este espacio elabore una propuesta de nueva Constitución para Chile o sea disminuida en su tarea por la violencia y la desconfianza. Por sobre todo, la construcción de acuerdos transversales dependerá de la capacidad para superar los atavismos de una sociedad encerrada en múltiples fracturas del pasado. Los miembros de la Convención tampoco pueden olvidar que la mitad de los ciudadanos no participaron del proceso.
