Aguas Andinas expresó su preocupación por la discusión de una norma transitoria en la Convención Constitucional, que a su juicio pondría en riesgo el suministro de agua potable en la región Metropolitana.

Mediante un comunicado, la sanitaria llamó a buscar mecanismos de gradualidad a la gestión del agua en caso de que la nueva Constitución sea aprobada el 4 de septiembre.

Todo nace por una norma transitoria que, de aprobarse esta semana en el pleno, consagraría que apenas entre en vigencia la nueva Carta Magna, los derechos de agua “se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta constitución”, teniendo cinco años de plazo para regularizar dicho permiso ante la Dirección General de Aguas.

Por ello, la empresa llamó a buscar opciones que permitan realizar las transformaciones con gradualidad.

“Valoramos y compartimos el trabajo que se ha realizado para que la nueva Constitución consagre la priorización del consumo humano. Sin embargo, para que esto se cumpla, urge buscar otras opciones de mecanismos o regímenes transitorios que permitan mayor gradualidad y también hacerse cargo de las fórmulas de intercambios de agua que impacten en la menor medida posible el suministro en la ciudad y sus habitantes”, declaró Marta Colet, gerenta general de Aguas Andinas.

“No tendremos las certezas”

Según la ejecutiva, con la norma “no tendremos las certezas de contar con los recursos hídricos necesarios para entregar el servicio de agua potable que diariamente suministramos en la región Metropolitana”.

Colet agregó que, en los últimos tres años donde la sequía se ha intensificado, Aguas Andinas ha recibido recursos hídricos de otros usuarios que equivalen al 35% de la producción total de agua potable.

“Durante la recién pasada temporada de primavera-verano, la de más alto consumo, las gestiones de la compañía con otros usuarios permitieron cubrir 42% de las necesidades de agua de Santiago y mantener el suministro sin impactos ni interrupciones pese al complejo escenario hídrico”, se señaló.

A juicio de la sanitaria, la norma “impediría los convenios y acuerdos con otros usuarios de la cuenca, gestiones que han permitido hasta ahora disponer de los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de agua potable seguro en la ciudad, pese a más de 13 años de extrema sequía”.

La norma transitoria se votará el próximo 2 de junio en el pleno.