El pleno de la Convención aprobó una serie de artículos incluidos en el informe de Sistemas de Justicia. Se aprobaron normas de gran relevancia como el caso de la creación de la Corte Constitucional, órgano que remplazará al Tribunal Constitucional.
Su función será velar por la justicia constitucional, que estará conformada por 11 integrantes que durarán nueve años en el cargo sin opción de ser reelegidos.
Sin embargo, no se pudieron definir sus atribuciones, ya que el artículo que constataba estas fue rechazado y debe retornar a comisión.
El convencional Socialista, Pedro Muñoz, valoró los resultados de la votación, afirmando que en el borrador hay una base para una institución que deberá defender la supremacía de la nueva Constitución.
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Otro tema que fue discutido fue lo relativo al Ministerio Público, donde se confirmó que será un órgano autónomo y que sus atribuciones las definirá la ley.
Sin embargo, se rechazó que la dirección superior del Ministerio residirá en el Fiscal Nacional y en un Consejo Superior, junto a las facultades del Fiscal, lo cual desconcertó a convencionales que creían que había acuerdos sobre esta materia.
El convencional RN, Ruggero Cozzi, aseguró que es una oportunidad para perfeccionar la norma y que se pueda tener un Ministerio Público con un fiscal nacional que pueda responder a los desafíos el combate contra la delincuencia.
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Sobre el Banco Central también se fijó que será un órgano autónomo, pero se rechazó que debe “velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”.
Esto último, fue presentado en la comisión por la derecha, y aún así rechazado ayer por convencionales de la UDI y de movimientos sociales, lo que generó descontento en colectivos que aprobaron la norma.
El constituyentes socialista, Tomás Laibe, criticó la situación y afirmó que no es el momento para que los sectores de la Convención se unan para ir en contra de una institución que “ha hecho mucho por el país”.
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También fue aprobada la creación de Tribunales Ambientales, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional del Agua.