Pleno de la Convención aprobó normas sobre derecho a la vivienda digna, educación y a la salud
El pleno de la Convención Constitucional aprobó numerosas garantías sociales, como el derecho a una vivienda digna y adecuada, a la salud, y a la libertad sindical. El organismo también envió al borrador de nueva Constitución el derecho a la educación, y a la seguridad social.
La Convención aprobó y despachó de manera parcial al borrador de nueva Constitución una serie de artículos relativos a los derechos sociales.
Entre las normas que fueron visadas por el pleno se encuentra el acceso a la vivienda universal. El texto plantea que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.
Por otro lado, se aprobó un artículo que establece que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”.
La coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales Janis Meneses indicó que la amplia aprobación en el pleno marca “un antes y un después” en el país.
El derecho a la educación se aprobó, pero solo el inciso que indica que El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.
Desde la derecha manifestaron disconformidad con las normas aprobadas, acusando que buscan sobre responsabilizar al Estado respecto a la entrega de servicios.
La convencional de Vamos por Chile Teresa Marinovic se refirió sobre la percepción que a su juicio podría tener la ciudadanía.
El coordinador de la comisión de DDFF, Cesar Valenzuela, dijo que efectivamente se busca un rol activo del Estado, lo que no significa -precisó- que se elimine al mundo privado.
Además, el pleno de la Convención aprobó parcialmente el artículo relativo a la seguridad social, estableciendo que “le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Ésta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación”.
Vamos por Chile había reingresado una indicación respecto a la expropiación de los fondos de pensiones. “El Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores”, se leía en la propuesta que finalmente fue rechazada.
El convencional independiente por RN Bernardo Fontaine aseguró que insistirán en el punto.
Convencionales de distintos sectores de izquierda dejaron la puerta abierta para conversar sobre esta indicación, reconociendo que el contexto político -tras el proyecto ingresado por el Ejecutivo relativo a la inexpropiabilidad de los fondos- no es ajeno a lo que ocurre al interior del órgano constituyente.