El Pleno de la Convención Constitucional aprobó, en particular, la creación del Consejo de la Justicia. Con ello, el órgano será parte del borrador del nuevo texto constitucional.
De acuerdo al artículo 27 del informe votado, proveniente de la comisión de Sistema de Justicia, será un “órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial”.
Asimismo, estará encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia, que reemplazaría al actual Poder Judicial.
“En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad”, agrega la norma visada este martes por la Convención.
Consejo de la Justicia: Pleno rechaza su conformación
En cuanto a su composición, el articulo 29 del texto planteaba que estaría conformado por 17 integrantes. De ellos, seis serían jueces titulares elegidos por sus pares; tres serían funcionarios del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares; dos serían elegidos por los pueblos originarios; y seis serían elegidos por el Congreso Nacional.
Esta estructura de rechazó en el Pleno al no obtener los 104 votos necesarios; sin embargo, alcanzó la mayoría simple que le permite volver a la comisión para aplicarle modificaciones.
La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, había manifestado su preocupación esta mañana por cómo quedaría conformado este órgano. De acuerdo a la magistrada, el Consejo de la Justicia debería estar integrado “mayoritariamente” por jueces.
“Por la especialidad que estas materias tienen y por la importancia que tiene que exista una experiencia de la vida judicial, justamente en resolver materias que tienen que ver con los tribunales”, señaló al respecto.
Además, se rechazaron las atribuciones que tendrá el nuevo órgano para que retornen a la comisión.
Entre ellas, destacan adoptar las medidas disciplinarias contra jueces, incluida su remoción; efectuar una revisión integral de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia; evaluar y calificar, periódicamente, el desempeño de los jueces; y proponer la creación, modificación o supresión de tribunales a la autoridad competente, entre otras.