La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida comúnmente como la Comisión de Venecia, le indicó a la Convención Constitucional que es partidaria del establecimiento de un Tribunal Constitucional (TC) “separado y especializado, especialmente en las nuevas democracias”.
El órgano señaló que la existencia de una Corte de este tipo “ofrece una mejor protección de los Derechos Humanos, la separación de poderes y la legalidad constitucional”.
Eso sí, la opinión de Estrasburgo no se pronuncia sobre la preferencia de un sistema parlamentario o presidencial. Tampoco abogó por el sistema bicameral.
En otras experiencias, “la reforma de la segunda Cámara ha sido más frecuente que su supresión”, aseguraron, al tiempo que destacaron el papel del Senado en Chile.
La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, aconsejó la adopción de una “nueva y buena Constitución” que se base en un amplio consenso, un debate amplio que involucre a las fuerzas políticas, ONGs, la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación.
Al final concluyó que, al no haber un texto constitucional definitivo o consolidado, las respuestas a las preguntas del Senado chileno son “abstractas y generales”, aunque sigue brindando su experiencia para que la Convención Constituyente pueda finalizar su trabajo.
Chile, al igual que EEUU, Brasil, México, Corea del Sur, Israel, Perú, Canadá, Costa Rica, Marruecos, Túnez, Argelia, Kazajistán, Kirguistán y Kósovo, es miembro de la Comisión de Venecia, junto a los 46 Estados del Consejo de Europa.
Comisión de Venecia recomienda incluir perspectiva de género, paridad y derechos indígenas
En su informe final acerca del trabajo constituyente, el grupo pidió al órgano que incluya en la propuesta de Carta Magna la perspectiva de género, la paridad y los derechos indígenas.
La recomendación, adoptada el viernes en la sesión plenaria celebrada en la Gran Escuela de San Juan Evangelista de Venecia y publicada este sábado, había sido requerida en enero por la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC).
El dictamen pide “introducir una perspectiva de género en la función jurisdiccional y la paridad de género en la estructura judicial” y apuesta por eliminar la inmunidad de los jueces.
Además, este añade que el pluralismo jurídico y cultural en un estado pluricultural “es una legítima estrategia constitucional para garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, sin perjuicio de la unidad e integridad del país”.
Respecto a esto, la Comisión de Venecia consideró “relevante” que el 9% de los chilenos se consideren indígenas.