Este jueves, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó, en general, el segundo informe de la comisión de Sistema de Justicia.
El texto fue visado por 109 votos a favor, 9 en contra y 29 abstenciones. Ahora, deberá votar en particular cada uno de los 34 artículos y 9 disposiciones transitorias que tiene.
Entre ellas, destaca la creación de un Consejo de la Justicia, definido como un “órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial”.
El artículo 28 del documento recoge parte de las atribuciones que tendría este Consejo. Por ejemplo, nombrar -previo concurso público- a todos los jueces y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, que reemplazaría al Poder Judicial.
Por otra parte, adoptar las medidas disciplinarias de jueces y funcionarios, incluida su remoción, conforme a lo que disponga la Constitución y la ley.
Dentro de sus integrantes, seis serán jueces titulares elegidos por sus pares; tres serán funcionarios del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares; dos serán elegidos por los pueblos originarios; y seis serán elegidos por el Congreso Nacional.
El convencional Mauricio Daza (IND) señaló que se busca “terminar con la carrera judicial, a partir de la cual los jueces deben ir ascendiendo sucesivamente”.
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Por su parte, Ruggero Cozzi (RN) aseguró que este órgano “amenaza la independencia del Poder Judicial”. En esa línea, criticó que sólo seis de sus miembros sean jueces titulares, lo que expondría a los tribunales a una “captura política”.
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Tribunales indígenas: cómo optar por un sistema de justicia
Por otra parte, se debatirá en torno a la ejecución de los tribunales indígenas, luego que el Pleno aprobará el concepto de pluralismo jurídico.
De acuerdo al artículo 25 del informe, “el Estado, con consentimiento de los pueblos, establecerá los mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones indígenas y las entidades estatales”.
En ese sentido, las partes “siempre podrán ejercer una acción de competencia cuando consideren que su caso debe ser conocido por una sede jurisdiccional distinta. (…) El derecho de las personas para optar por un sistema de justicia indígena propio o por el sistema nacional de justicia se determinará conforme a las reglas que establezca la ley”.
El convencional Luis Mayol (RN) se mostró disconforme con esta propuesta, asegurando que “el articulado viene con letra chica”. Esto, pues el derecho a opción entre ambas jurisdicciones deberá ser regulado posteriormente por los legisladores.
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Luis Jiménez, representante del pueblo Aymara, indicó que la redacción de la norma se hizo en base al tiempo que tenían. Es decir, como el Congreso tiene plazos más amplios de discusión, “quizá sea la ley en el Congreso donde haya más tiempo y dedicación para buscar una buena solución”.
Sin embargo, se mostró abierto a precisar con mayor detalle las aristas de esta norma si es que otros sectores consideran que es necesario.
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Cabe recordar que las normas requieren un mínimo de 104 votos a favor para quedar inscritas en la propuesta de nuevo texto constitucional. Si no llegan a esta cifra, pero sí obtienen mayoría simple, pasarán nuevamente a la comisión para que los convencionales formulen una nueva propuesta.