La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó los alcances de la comisión que formó el máximo tribunal del país, para monitorear el trabajo de la Convención Constitucional.
Entre las conversaciones que en privado se han sostenido, se encuentra también la norma aprobada por la Comisión de Justicia, que busca establecer un límite en los cargos de altas autoridades de la Suprema, la Corte de Apelaciones y tribunales de primera instancia.
Esto generó amplio descontento entre los convencionales, aunque no en todos los sectores.
De hecho, algunos desdramatizaron un comunicado emitido por el máximo tribunal del país, donde se indicaba que la norma podría en riesgo la independencia de la Corte Suprema.
De todas maneras, un grupo de constituyentes de la Comisión de Justicia acusó que la declaración de la Suprema significaba una intromisión indebida.
Suprema desestimó cuestionamientos de convencionales
Este miércoles, la ministra Ángela Vivanco, desestimó los cuestionamientos. En diálogo con La Radio, indicó que esta postura no es de toda la Convención.
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Desde la Mesa de la Convención ratificaron la autonomía del organismo, evitando reprochar el comunicado de la Corte Suprema.
“Nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción, pueda sumar a las distintas comisiones”, indicó la presidenta María Elisa Quinteros.
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Consultado al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo que el Ejecutivo no debe pronunciarse sobre estos aspectos, destacando la autonomía de la Convención.
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Norma no tendría el apoyo necesario
La convención y coordinadora de la Comisión de Justicia, Vanessa Hoppe, de Movimientos Sociales Constituyentes, cuestionó que la Corte Suprema reafirmara su postura.
Aunque, reconoció que la norma para limitar la duración de los cargos no concita apoyo de los dos tercios en el pleno.
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Exministros de la Suprema cuestionaron propuesta de convencionales
En paralelo, exministros de la Corte Suprema, emitieron un comunicado sumándose a la defensa de la independencia de este tribunal y la inamovilidad de los jueces.
Entre los firmantes, aparecen Rubén Ballesteros, Lamberto Cisternas, Carlos Künsemüller y María Eugenia Sandoval, entre otros.
En el texto, aseguran que “la independencia se erige como una garantía indispensable para asegurar juezas y jueces imparciales, capaces de administrar justicia con los debidos conocimientos, integridad ética, honestidad y prudencia”.
“El principio de inamovilidad resguarda la independencia judicial, toda vez que proporciona a juezas y jueces autonomía para ejercer la jurisdicción libres de presiones de toda índole”, agregaron.
“La inamovilidad y, por tanto, la independencia de los jueces, resultan ineludibles para el cabal reconocimiento y debida protección de los derechos humanos”, sentenciaron.