Este jueves, se ingresó una nueva norma constitucional en la Convención, la que consigna que “los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna”.
La iniciativa, presentada por 16 constituyentes, señala que “toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico”.
El texto agrega que “el Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas”.
En la fundamentación del documento, se plantea que la privatización de las aguas “ha sido el preámbulo de la destrucción de los ecosistemas en Chile”, poniendo como ejemplo a la localidad de Petorca.
“Esta situación ha sido objeto de numerosas críticas a nivel internacional, siendo una de las más recientes la realizada por Leo Heller, relator especial de la ONU, el 20 de agosto de 2020”, añade.
Cabe recordar que ya se han presentado otras normas constitucionales por parte de los integrantes de la Convención. Entre ellas, se pueden mencionar las siguientes:
– Derecho a una vivienda digna.
– Derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas.
– Protección de la salud de las personas en la ejecución de actividades económicas
– Respeto a la duración del mandato de las autoridades electas por votación popular
– Derecho a la vida y primacía de la persona humana.
– Derecho a la reproducción humana asistida.
Por otra parte, sigue abierto el plazo para presentar iniciativas ciudadanas. En la plataforma de la Convención ya hay 44 propuestas publicadas. Éstas deben conseguir un total de 15 mil firmas para poder ser discutidas al interior del órgano constituyente.