Constituyentes y universidades consideran segunda prórroga al plazo de la Convención Constitucional

“La ley más importante que debe tener un país debe ser debatida y discutida con el tiempo debido. Y un año, y de ese periodo nueve meses, me parece absolutamente insuficiente. (…) Yo creo que debería ser en total de dos años, pero si es más, mejor”, expuso el pasado 19 de octubre el convencional Manuel Woldarsky sobre el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional.

Sus palabras fueron aplaudidas por algunos constituyentes dentro de la izquierda, pero rechazadas por la derecha. En tanto, el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, calificó como “apresurado” el pensar en extender el plazo de entrega de un borrador de nueva constitución.

No obstante las críticas a la propuesta, a raíz de la aprobación del cronograma — “muy ajustado”, han declarado constituyentes en conversaciones de pasillo— por el Pleno de la Convención el pasado 3 de noviembre, hay quienes comienzan a mirar con buenos ojos la posibilidad de una segunda prórroga.

Lo anterior, considerando que el calendario se fijó tomando en cuenta desde ya la primera prórroga de tres meses que considera el artículo 133 de la Constitución, que totaliza el período de funcionamiento del órgano a un año.

Para el constituyente Marcos Barraza, los tiempos que definió la reforma constitucional que dio vida a la Convención Constitucional son “excesivamente acotados” e “insuficientes” considerando que existirán instancias de participación popular, como la iniciativa popular de norma constitucional y el plebiscito dirimente.

Por esto, Barraza celebró que se considere usar desde ya la prórroga de tres meses, y sugirió que en enero, una vez cambie la Mesa directiva, se haga una “evaluación del tiempo transcurrido y se haga una proyección del tiempo que resta’. De modo tal que, si el tiempo está excesivamente acotado, y eso pone en riesgo la calidad de las normas constitucionales para la nueva constitución, cuando se pida una prórroga, se pida una más prolongada”.

Y aunque no quiso aventurar un lapso de tiempo para esta segunda prórroga, debe solicitarse “con evidencia y datos duros para pedir una prórroga un poco más prolongada, pero que se ajuste a un sentido de urgencia”.

En esa misma línea, Carlos Arrué, abogado a cargo de la Comisión Constitucional del Partido Comunista, aseveró que el plazo de la Convención hoy “tiene dos problemas: uno, es que no contempla el periodo de tiempo que tomó hacer el Reglamento. El segundo, es que tampoco contempla la experiencia comparada a la hora de pensar el quórum de dos tercios”.

Sobre el primer punto, Arrué precisó que desde el inicio del proceso que su conglomerado propuso que el plazo para redactar la nueva carta magna “se calculara a partir de la aprobación del Reglamento y el comienzo del trabajo de las comisiones temáticas, porque obviamente ese plazo era indeterminado: aprobar el Reglamento podía durar un mes, como podía durar nueve meses”.

En añadidura, siguió con el segundo punto: el quórum de dos tercios: “La experiencia internacional demuestra que los procesos constituyentes que se basan en un quórum de dos tercios también son procesos que tienden a tomar más tiempo. Entonces, creo que lo razonable es considerar que el quórum hace más difícil llegar a ciertos acuerdos, por lo tanto, puede tomar mas tiempo”.

Por todo esto, Arrué ratificó que se deberá pedir una segunda prórroga, previa evaluación del trabajo constituyente hasta ese momento. “Creo que cuando se pida la primera prórroga tendremos una idea más exacta del tiempo”, dijo.

Y añadió enseguida: “Pero yo hoy no podría decir un plazo. A lo mejor alcanzamos a hacerlo en seis meses, a lo mejor no. Pero no soy partidario de decir ‘nos quedan ocho meses y tiene que salir en ocho’. No, pues. Si en ocho meses me sale mal, o no es participativo, no se hizo la consulta indígena, habrá que extender el tiempo. Y no tendría ningún trauma con respecto a eso”.

En tanto, Manuel Woldarsky secundó la idea de tomar una segunda prórroga, aunque lo condicionó a cómo se “desarrolle la dinámica”.

“Dejemos que se asiente el debate constitucional, y luego, veamos cómo se desarrolla la dinámica. Va a ser eso lo que nos va a permitir la realidad de si acaso nos alcanza en el tiempo que tenemos o necesitamos más tiempo. De ningún modo me cierro a una segunda prórroga. Creo que es necesario, podría ser necesario. El tiempo no lo sé: si fueran seis o tres meses más, depende de cómo esté avanzado el debate. Insisto: estamos comiéndonos la torta antes de romper los huevos”, extendió el abogado y activista.

Y consultado de si una segunda prórroga sería la última prórroga, respondió: “También, depende de cómo esté avanzando el debate”.

Académicos

Francisco Urbina es profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Católica e investigador de derecho fundamental y constitucional. Y relató que con un equipo compuesto por académicos de su plantel y el Centro de Transformación Constitucional de la Universidad de Melbourne, Australia, realizaron un documento para proyectar las etapas básicas del proceso constituyente.

“Ellos ya han seguido muchos procesos constitucionales, entonces era una contraparte muy interesante. Y entre las dos universidades hicimos este documento llamado ‘El Camino Hacia una Nueva Constitución: Tiempos y Plazos de la Convención Chilena’”, siguió Urbina.

Este estudio fue entregado a mediados de septiembre a la Convención Constitucional, aún en plena discusión por el Reglamento, y más de un mes antes de la aprobación del cronograma. En él se analizó la experiencia comparada con otros procesos constituyentes y sugirió a la asamblea una serie de pasos a seguir. Entre ellos: hacer un cronograma de trabajo; que éste contemplara desde ya la prórroga de tres meses; y dividir en tres fases el período de un año: instalación, elaboración y conclusión.

Respecto al plazo de funcionamiento asignado por la reforma constitucional a la Convención, Urbina calificó positivamente el plazo: “La opinión del grupo es que el plazo que tiene la Convención para funcionar de nueve meses prorrogable por otros tres es un plazo dentro de lo normal. No es excesivamente corto ni que llame la atención por lo largo. Está dentro de lo que puede ser un proceso constituyente hoy”.

Enseguida, pormenorizó que otros procesos con duraciones más extensas, como el de Brasil, Sudáfrica y Nepal, que rondaron los dos años — o más, en el caso del país asiático— fueron procesos diferentes al chileno: “Son procesos en donde la asamblea constituyente también realizaba funciones de legislatura ordinaria. Entonces, no está dedicada tiempo completo a eso. Y por lo tanto, es natural que dure más. Es como si acá el proceso constituyente lo llevara el Congreso: tendría que discutir también cuestiones propias de la legislatura ordinaria, temas del día a día del gobierno. Eso exige más tiempo para aprobar las reformas constitucionales”.

¿Hay procesos que se parezcan al chileno en cuanto a tiempo asignado y cantidad de trabajo? Urbina aseguró que siempre encontraron diferencias con el resto: “Nosotros partimos con esa pregunta: ¿cuál es el proceso más parecido al chileno que nos permita proyectar? Y encontramos siempre diferencias, que son de la estructura de la Convención, por ejemplo. El hecho de que sea un órgano que parte de cero exige más tiempo de instalación, pero después será más rápido para la discusión de las normas específicas, a diferencia de uno que tiene funciones de legislatura ordinaria. Hay diferencias también en el momento político: el proceso constitucional se está está produciendo en una crisis muy aguda. Hay que producir una constitución rápido, con ayuda internacional o no. Hay muchas diferencias a la hora de comparar, que hace que no sea tan fácil encontrar un proceso de referencia”.

Y junto con reafirmar que la gestión del tiempo es muy importante, puso en la mesa que la realización del plebiscito dirimente, fijado por cronograma para el 29 de mayo, es “desafiante”.

“El plebiscito dirimente es muy desafiante en términos del tiempo, y eso es un riesgo. Debe estar la capacidad de la Convención de producir las normas para ser plebiscitadas en el plazo con suficiente tiempo, y luego, que haya suficiente tiempo a la vez para la deliberación ciudadana. Si el plebiscito es ese día, y la Convención decide sobre las normas que se van a enviar a plebiscito dirimente, tendrían más o menos un mes. Entonces, por supuesto que queda la pregunta de si hay capacidad para realizar el plebiscito en ese mes, y si es que hay capacidad, tanto logística para organizarlo, como para informar adecuadamente a la ciudadanía para que haya suficiente deliberación para una cuestión de esta importancia, que es muy alta”, sumó el académico.

Además, consideró Urbina otro problema: “El resultado del plebiscito va a aparecer una vez haya terminado de funcionar la comisión de organización. Al menos eso dice el cronograma actual. Entonces, la pregunta que cabe es si esas normas que van a ser aprobadas por el plebiscito, cómo se van a poder armonizar con la constitución tal y como está”.

En suma, el documento puntualizó cuatro posibles soluciones “si se acerca el plazo de doce meses sin haber acordado una propuesta completa de constitución”. A saber: acelerar el proceso haciendo ‘railroading’, o “deliberar y negociar más rápido”; buscar una prórroga a través de una reforma a la Constitución; sobreincluir propuestas — con el riesgo de que el texto acabe siendo incoherente— ; e infraincluir propuestas — con el riesgo de que haya materias de corte constitucional no queden dentro de la nueva carta magna—.

Con todo, Urbina enfatizó en que estos escenarios no son sugerencias: “Quisimos mapear las alternativas que van a aparecer en ese momento. No es que nosotros las recomendemos. De hecho, somos explícitos en eso en el documento: son las alternativas que están. Y hacer una prórroga por la vía de la reforma constitucional es una opción contemplada en nuestra institucionalidad. No es algo que haya que negarse a priori. Está contemplado dentro de nuestra institucionalidad”.

No obstante, el académico estimó que “hoy es muy pronto para decir que no se va a cumplir el plazo y que se debe pedir una prórroga. Eso habría que definirlo más adelante. Por ejemplo,. cuando esté finalizando la etapa de armonización. Quizás ahí puede ser un momento donde se puede evaluar como va el avance de las normas y si se está cumpliendo con el cronograma”.

Por su parte, ante un posible impacto negativo en la ciudadanía si es que se aprueba una segunda prórroga, Woldarsly invitó “humildemente” a la ciudadanía a tener en cuenta “que nadie en este país ha tenido nunca antes la responsabilidad histórica que tenemos los 155 constituyentes de chile” porque “podrían ocurrir circunstancias que nos demoraran”. Por esto, invitó a “mirar con optimismo esta necesidad de que tengamos que seguir trabajando más allá del plazo que la constitución en este momento tiene, por la sencilla razón de que es un plazo muy corto, en ningún país del mundo ha ocurrido una situación como esta, ni mucho menos en un plazo como el que tenemos”.

Por último, Arrué dejó una posible fecha para tomar la decisión y un mensaje: “Yo creo que en marzo hay que tomar la decisión de cuánto va a ser la prórroga, y de qué naturaleza va a ser. Pero lo que no puede ocurrir es que digan ‘no va a haber más prórroga’. ¿Por qué no? Lo más importante es que sea prolija, participativa y representativa. Si no, va a ser cualquier cosa”.